La pena de muerte y la prisión perpetua en Colombia
Germán Alfonso López Daza
Cada vez que en Colombia se repiten actos de brutalidad, crueldad o barbarie sobre niños o mujeres desconociendo el respeto a la dignidad humana, vuelven y surgen voces de todos los sectores que piden la reimplantación de la pena de muerte o la prisión perpetua.
El penúltimo episodio se dio con la masacre de cuatro menores en zona rural de Florencia (Caquetá) en febrero de 2015, cuando salió a debate la reintroducción de estos dos castigos. En esta semana surgió nuevamente la propuesta debido a la terrible muerte de la menor Yuliana Samboní a manos de un reconocido arquitecto perteneciente a la élite capitalina.
En efecto, la discusión acerca de la viabilidad de la pena de muerte ha estado presente a lo largo de la historia de Colombia. A pesar de que se abolió en 1910, se han dado no pocos intentos para la reimplantación de la pena capital. Uno de los momentos más significativos ocurrió en 1925 cuando fue discutida en el Congreso colombiano, pero finalmente no fue aprobada.
En 1910 la pena de muerte fue abolida por consenso de los dos partidos como una muestra del restablecimiento de la democracia después de la dictadura de Rafael Reyes.
Recientemente algunos sectores han propuesto nuevamente su reinstauración, lo cual obligaría a muchos ajustes normativos, empezando por la misma Constitución. Pero uno de los más difíciles sería la denuncia que Colombia tendría que hacer de los Tratados internaciones en el que se ha obligado a respetar el derecho a la vida y a no aplicar la pena de muerte. Por tanto, este escenario es casi imposible de superar pues la protección del derecho a la vida es un tema ya clausurado.
En cuanto a la cadena perpetua, la opción de su aprobación e implantación es más viable. Sin embargo, los críticos la descalifican tildándola de populismo o demagogia punitiva, que no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales.
El gran riesgo en que puede caer la discusión es que se tomen decisiones y se legisle emocionalmente como podría ocurrir con la actual coyuntura. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
