La película de la semana

El nuevo escándalo de corrupción que estalló esta semana ratifica las sospechas que existen sobre el manejo de los recursos del régimen subsidiado, no solo en algunas entidades públicas y privadas del Huila, sino en todos los rincones del país.

Quien sabe cuántas veces no habrá ocurrido aquí y en Cafarnaúm y nadie se da cuenta de todo lo que pasa, porque son muy pocos los que saben y denuncian con fundamentos en el momento oportuno, libre de intereses y odios personales.

Se trata de unos 25 mil millones, de los cuales se desviaron unos seis mil, pero sobre todo se ha puesto en peligro el derecho a la vida de las personas, por conexidad con el de la salud y esto es muy grave.

Es un  tema de transcendental e inocultable importancia que no se puede tapar con las manos, como tampoco puede dar pie para acabar de buenas a primera con la imagen de una persona que nunca ha sido señalada.

La captura de ocho personas vinculadas a las actividades públicas del departamento, algunas con más popularidad y respeto que otras, le puso los pelos de punta a más de uno en plena campaña política.

El hecho de omitir sus nombres, publicados como primicia en otros medios que muchas veces no denuncian a sus amigos por compromiso, no quiere decir que favorezca a unos u otros, lo que sí puedo decir es que en esta lista no están todos ni son todos los que están, por lo tanto prefiero pecar por omisión que por acción.

Estuve en la audiencia de legalización de los allanamientos a las residencias de dos de los capturados, diligencia que duró por lo menos 6 horas y pude constatar que la policía judicial sigue cometiendo errores graves, que le salen caro al estado.

Como es posible que después de espectaculares operativos con ribetes de una película de acción realizados por la policía judicial, durante  los cuales las dos personas capturadas fueron sacadas de sus residencias a alta horas de la madrugada y mostrados a la prensa como trofeos y en la audiencia el juez de control de garantías los tenga que dejar  en libertad y decretar la nulidad de los procedimientos, porque esos operativos “no cumplieron los requisitos de la ley penal”.

Creo que nadie está de acuerdo con los delitos que atentan contra el derecho a salud, la educación ni la vivienda y cualquier investigación dará lugar a manifestaciones, muchas con razón y otras muchas veces sin fundamento.

Es indispensable que la administración de justicia obre con fundamentos serios y responsables para que pague quien comete los delitos y quien esté libre de pecado recobre su libertad y su imagen ante la sociedad.

Sin embargo, estos hechos nos da para manifestar que las discusiones sobre el bienestar social de los trabajadores y sus familias en Colombia si debe tener cambios en su atención, porque las cajas de compensación familiar han concentrado muchas funciones que están desvirtuando su responsabilidad.

Como es posible que firme contratos que no pueden cumplir y deban subcontratar con otras entidades que tampoco tienen la infraestructura ni los medios, dando lugar a investigaciones de este tipo, que no le hacen bien a la imagen, a la seguridad social y la vida de las personas que están de por medio.  

Las cajas de compensación deben ser para los trabajadores y no para hacerle competencia en todas las áreas al empresariado, que por cierto la sostiene con los  parafiscales y muchos por esta razón por alguna razón están quebrados, con la anuencia del Gobierno y  la ley.