La participación en política de los servidores públicos
Germán Alfonso López Daza
Derecho, Política y Sociedad
La Procuraduría General de la Nación amenazó esta semana con investigar disciplinariamente a todos aquellos funcionarios que promuevan los acuerdos de paz, pues según la exótica interpretación del Ministerio Público, estarían participando en política.
La participación en política de los servidores públicos ha sido un tema muy álgido que ha estado presente durante toda la existencia del Estado colombiano. En el Plebiscito de 1957 se prohibió la participación en política de los servidores públicos que pertenecieran a la carrera administrativa, con la única finalidad de garantizar la imparcialidad de los partidos políticos en las controversias electorales.
En la actualidad, el artículo 127 de la Constitución Política de 1991 morigeró esta radical prohibición, pues los únicos que tienen vedado tomar parte en las actividades y controversias políticas, son los funcionarios de la Rama Judicial, de los órganos electorales, de control y de seguridad, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Los demás empleados no contemplados en esta restricción, solo podrán participar en las condiciones que señale una Ley Estatutaria que en la actualidad no existe gracias al Honorable Congreso de la República.
Sobre este punto, la Corte Constitucional reafirmó que los empleados públicos habilitados por la Constitución, podrán, a título personal y en los términos de la ley estatutaria (que aún no existe), participar en política para la promoción de un determinado proyecto político, pero que ello no implica que puedan destinar a la causa política el empleo que les ha sido confiado.
La discusión política por la paz que se avecina, se debe diferenciar de una contienda electoral, puesto que en ésta se originan intereses personales por apoyar a un determinado candidato para que acceda a un cargo de elección y eventualmente otorgue beneficios a quienes lo apoyaron (clientelismo político). El actual debate en el que sí pueden participar los servidores públicos, tiene como único objetivo, decidir si terminamos una guerra de décadas o continuamos con la política de la confrontación armada. (*Dir. Grupo de investigación Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).
