La ofensiva neoliberal en los servicios de acueducto y alcantarillado

Como si los usuarios no tuviésemos suficientes problemas en el servicio de acueducto y alcantarillado, por lo regular, malo y costoso –el caso de Neiva–, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – Cra, sigue expidiendo normas que afectarán sensiblemente nuestros bolsillos. Ya lo había hecho hace pocas semanas, cuando mediante la resolución N° 750 de este año, redujo el volumen del consumo básico por usuario, de acuerdo al clima, a 11, 13 y 16 metros cúbicos, reduciendo en una proporción importante los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 y aumentando en la práctica el valor para todos los estratos, al castigar los llamados consumos suntuarios con el doble de la tarifa ordinaria; tema ya abordado en una columna de mayo de este año.

Ahora, activa, a partir del 1 de julio, las resoluciones 688 de 2014 y 735 de 2015, que modifican de manera sustancial el marco tarifario de esos servicios. A la sombra de la ley 142 de 1994 y de las normas de la Constitución de 1991 que han permitido la privatización y la desregulación a favor del capital de todas las actividades económicas y, en especial, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, van a implementar bajo el principio de la rentabilidad económica, que no social, las nuevas tarifas. El anuncio es que van a subir, porque el nuevo objetivo es cubrir al 100% de los usuarios y mejorar al más alto nivel la calidad del agua, propósitos loables sino se escondiera tras la farragosa legislación la intención de hacer rentable a la brava, la inversión privada, que es la meta oculta de la Cra.

¿En cuanto pueden subir dichas tarifas? Hasta en un 20% o 30% promedio de acuerdo a lo que la comisión estima es el retraso en inversiones de las ciudades, básicamente las intermedias como Neiva, para llegar a los objetivos propuestos. ¿Cómo se va a hacer? Se establecen estándares económicos para la recuperación de los costos de las inversiones y los gastos de administración, operación y mantenimiento de las empresas que obligatoriamente se trasladarán a las tarifas que cobren a los usuarios. Para llevar a cabo esa tarea se guiarán bajo los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera establecidos en la ley 142, donde el criterio que primará será este último. En ninguna parte, se considera el principio de rentabilidad social, que en una sociedad de desigualdades extremas como la nuestra, es obligatorio considerar por las implicaciones que para los más pobres tienen tarifas que están por encima de las posibilidades de sus escasos ingresos.

Aunque el análisis de las resoluciones de la Cra exigen mayor tiempo y espacio, por la letra menuda y venenosa que tienen, quiero en esta corta columna llamar la atención de los usuarios, para que abran los ojos frente a un gobierno que se está desbordando en el afán de cumplir con las exigencias del gran capital trasnacional, a quien quiere abrirle todas las arterias de la economía nacional para que chupe la savia del trabajo nacional. Más si consideramos que en el mundo se está dando una rebelión generalizada contra este tipo de prácticas que tienen desesperadas a las mayorías trabajadoras: remenber Gran Bretaña.