La nueva realidad

Los colombianos iniciamos un año nuevo con una nueva realidad económica, provocada por la aplicación de una política macroeconómica incoherente, que, por un lado, busca que se creen las condiciones de un crecimiento económico sostenido, a través de la implementación de una reforma tributaria estructural, que pretende sanear las finanzas públicas, que actualmente presentan un abultado déficit fiscal. El gobierno nacional se ha vuelto insaciable en la creación de nuevas tasas tributarias para satisfacer sus apetitos burocráticos, pago de la deuda externa y de la mermelada, tapar los huecos dejados por la corrupción administrativa (Reficar, escándalos en la salud, obras públicas, Odebrecht, entre otros). La versión oficial que nos han querido vender el gobierno nacional, es que hacen falta recursos para financiar la salud y la educación, por la disminución de los precios internacionales del crudo, lo cual no justifica dicha medida alcabalera. Lo anterior se ha constituido en el peor regalo que recibieron las familias del Estado, porque tendremos que asumir una masiva cascada de impuestos adicionales que empezamos a sufragar desde el primero de enero y otros, a partir del primero de febrero. Además, seguir manteniendo elevadas las tasas de interés, solo contribuye a mejorar las utilidades del sistema financiero y de los conglomerados económicos del país. Igualmente, el pago de la deuda externa está provocando una mayor erogación de recursos del presupuesto público, porque el precio del dólar se sigue manteniendo en niveles superiores a los tres mil pesos por unidad monetaria estadounidense. Además, existe una incertidumbre de los contribuyentes, porque el saneamiento de las finanzas públicas nacionales, no se vislumbre en el corto plazo, porque no se tiene asegurada la cofinanciación del proceso del posconflicto y el pago de la deuda social atrasada que tiene el Estado con los sectores más vulnerables del país.

Pero el impacto negativo de estas medidas va a recaer sobre los agentes económicos, especialmente a los hogares. El salario mínimo mensual fue decretado por el gobierno nacional, sin acuerdo con los representantes de las Centrales Obreras y de los gremios del sector empresarial. Para la presente vigencia, va a regir un monto de $737.717 que representa un exiguo incremento de $48.262, (7%), frente al incremento de los salarios de los congresistas y de los altos cargos del gobierno nacional, que superarán los dos millones de pesos mensuales. El subsidio del transporte ascendió a la suma de $83.140. Con estas medidas gubernamentales, no les va a permitir a los colombianos, sufragar el aumento de los precios que sufrirán todos bienes y servicios de la canasta familiar. Todo va a subir. Es inhumano e injusto que se tomen esta clase de acciones gubernamentales para una sociedad que ven menguados sus ingresos, por culpa de la implementación errada de una política monetaria y fiscal, que cada vez empobrecen a la población y aumentan las inequidades sociales y económicas de la nación.