La marrullería de EMGESA

Retomo mi columna después de este corto receso, para referirme al tema que ocupa la atención de todos los huilenses, cual es la represa de El Quimbo, y el acto de marrullería,  porque no se puede llamar de otra manera de la empresa Emgesa, si nos atenemos al significado de la locución que trae el diccionario de la lengua española, como “astucia tramposa o de mala intención”, al comenzar el llenado del vaso de la represa sin haber cumplido con sus obligaciones económicas, ambientales y regionales, que llevaron al gobernador Carlos Mauricio Iriarte a tildar de mentiroso a su gerente, que es lo mismo que marrullero, en medio de la justificada pero tardía indignación regional cuando ya el ojo está afuera y prácticamente no hay santa Lucia que valga para parar la inundación como siempre ocurre en este  improvidente y corrupto país que se arrodilla ante el capital extranjero hipotecando su soberanía.

Y es que siempre contratamos las obras públicas de la manera como lo hicimos con Emgesa, es decir fusilando antes de que venga la orden para después cuando la cagada está hecha, protestar y buscar responsables, para decir se lo advertimos y nadie paró bolas a lo que estaba haciendo a su amaño el contratista o  concesionario, cuando el responsable ya está plenamente identificado que es el mismo Estado y sus gobernantes que para el caso de marras fue el presidente Uribe, que en forma autoritaria conforme a su estilo y en medio del aplauso alabardero de la dirigencia regional impuso la obra de manera irresponsable sin mayor estudio del impacto económico y ambiental de la misma. Quizás por eso tiene tantos electores en esta región de celios.

Porque hay que decir que el problema no radica per se en la construcción de la represa, sino en que no sabemos negociar las obras de esta estirpe como lo hacen los antioqueños, y como buenos herederos del embajador de la India nos embaucan para entregarnos obras mal negociadas , porque nos dejamos enbombar de los anuncios y promesas de los gobernantes de turno, sin analizar a fondo  lo que representan obras de esta envergadura, y lo que es más grave, sin exigir las contraprestaciones correspondientes para nuestra región con las debidas garantías de cumplimiento frente a un Estado laxo con las multinacionales al que muy poco le importa la calidad de las obras públicas siempre que resulte fortalecida la corrupción, pues hay que recordar que hasta hace muy poco insólitamente se adjudicaban los contratos antes de tener diseños ni haber comprado los predios donde se iban a ejecutar, pues el afán era entregar anticipos para pagar las coimas a los corruptos.

Por eso en Colombia no existe un Estado de derecho, sino un estado de torcido, donde hay que exigirle estérilmente como lo estamos haciendo ahora, que el Gobierno haga cumplir a Emgesa las obligaciones que marrulleramente se niega a cumplir.  No nos queda más frente a los hechos cumplidos, que la desobediencia civil por la falacia de nuestro Estado de derecho.