La mano visible del imperio

Era lógico, y hasta esperado –por algunos con ansia–, que el gobierno de los Estados Unidos interviniera de manera directa en el proceso de paz de Colombia. Aunque en verdad, nadie, medianamente ilustrado en las lides políticas del país, creería que en tema de capital interés para los ‘gringos’, cualquier gobierno colombiano, se atrevería a actuar sin el beneplácito del Departamento de Estado norteamericano. Pues bien, para dar, aparentemente, el baculazo final, el gobierno de Barack Obama, con presentación directa del secretario Kerry, ha nombrado a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz.

Es bueno que así sea, por varias razones. Primero, porque se sincera el proceso, en el sentido de que detrás de la mesa estará el representante directo del dueño de la finca, no solo ‘el mayordomo y los peones’. Aronson, aunque no tendrá presencia directa en La Habana, “…estará en permanente contacto con la Embajada de Colombia en Washington, con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno de las negociaciones en La Habana, y con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz”, según lo anunciara el embajador colombiano en la capital estadounidense, Luis Carlos Villegas.

Pero lo más importante, es que queda claro que el proceso de paz colombiano, está enmarcado dentro de la estrategia norteamericana de bajarle el tono a la confrontación abierta con los pueblos y gobiernos rebeldes de Latinoamérica, que en los últimos años resisten las políticas neoliberales alentadas por Washington. En un momento, de crecientes dificultades a nivel mundial los EE.UU, ha decidido impulsar una política conciliadora con sus socios del traspatio latinoamericano. Que es una política bipartidista, lo ratifica el nombramiento de Aronson, un diplomático profesional que ha trabajado por muchos años en el departamento de Estado, bajo gobiernos republicanos y demócratas, a más de ser un importante inversionista en la industria petrolera de Colombia.

Esta confirmación del protagonismo norteamericano, nos trae nuevamente las dudas de si la iniciativa de paz ha sido del gobierno Santos, o es parte del libreto elaborado por los arúspices norteamericanos. Lo que, de paso, explicaría las diferencias de forma, que no de fondo, entre el santismo y el uribismo en el proceso pacificador. No obstante, sin importar de quién sea la iniciativa, el proceso de paz es bueno para los colombianos porque desterraríamos un factor distorsivo de la lucha política en Colombia. Que se silencien unos cuantos miles de fusiles, y que –lo más importante–, se civilice la confrontación política, permite crear un ambiente favorable para abrir la discusión, por decenios aplazada, del derrotero económico, social y ambiental del país.

La única alerta que debe tenerse, es frente a la pretensión de Santos de usar el proceso de paz para impulsar más a fondo el modelo neoliberal, que Washington quiere seguir imponiendo, estrategia en la que el gobierno de Colombia es uno de sus puntales.