La locomotora minera
El modelo minero establecido en Colombia por la Ley 685 de 2.001 del Código de Minas, privilegió el crecimiento de este sector económico a través de proyectos a gran escala, buscando entre otras cosas, satisfacer los intereses rentistas de Estado y el afán de lucro de algunas multinacionales mineras.
Se trata a todas luces de un modelo excluyente, en el que los demás rangos de la minería no son relevantes ni prioritarios.
Esta actividad está teniendo grandes impactos en los municipios y departamentos del país en materia ambiental, social y económica dada la facilidad de pedir y otorgar títulos mineros, haciendo que cualquier persona que los posea pueda hacer exploración del subsuelo sin permisos ambientales, a lo que se suma la alta ilegalidad que se presenta en el sector. Para agravar la situación, se ha delegado la lucha contra la ilegalidad a los alcaldes y corporaciones, lo cual presenta serias dificultades, que parten de una gran cantidad de legislación contradictoria en muchos casos y de choque de intereses políticos entre los alcaldes y sus ciudadanos, lo cual limita su gestión.
A nivel económico, la minería no está en armonía con los Planes de Ordenamiento Territorial, desconociendo e imponiéndose sobre los usos del suelo previstos. Aunque esta locomotora minera va dirigida y protege principalmente a los grandes proyectos mineros, en nuestro departamento está dejando una profunda huella.
La producción minera del departamento del Huila se desarrolla en 31 de los 37 municipios del departamento, está representada principalmente en la explotación de caliza, dolomita, mármol, fosforita, arcilla, materiales de construcción y oro; para el departamento y los municipios son importantes los ingresos que genera este sector.
Existen numerosos operativos por parte de las autoridades municipales, apoyados por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena y las fuerzas armadas, que logran incautar maquinaria y equipos, sustancias químicas e insumos para la minería ilegal, pero esta batalla parece estarse perdiendo en el país. Mientras exista ilegalidad en el sector minero, sus ganancias no se verán reflejadas en los impuestos de los municipios, se seguirán contaminando los recursos naturales y se seguirán generando problemáticas serias a nivel social.
