La justicia tarifada

Algún comentarista calificó así a la justicia, a raíz del gran escándalo de la Corte Constitucional. En efecto, conocíamos que el cambio de patio en las cárceles, el cambio de la ciudad de reclusión, la casa por cárcel y, en general, las sentencias de los jueces tenían su precio, dependiendo su valor de varios factores. Se rumoraba también insistentemente sobre el costo de la selección para que una tutela pudiera ser revisada por la Corte Constitucional y un valor adicional por el contenido del fallo definitivo. Este rumor se confirmó por la denuncia que formuló un propio magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, contra uno de sus miembros, Jorge Pretelt, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, constituyéndose, según el ex magistrado Carlos Villalba Bustillo, un “escándalo histórico”. También dijo “parecería que la historia quisiera columpiarlo, como a un espíritu de doble rostro, entre la gloria y la humillación”. En efecto, a raíz de la elección de Pretelt como Presidente de la Corte Constitucional el pasado 4 de febrero, vaticinó en su columna del domingo 8 del mismo mes en el diario El Heraldo: “Dios salve a la Corte Constitucional por los antecedentes con otras tutelas y los duros reparos públicos de otro de sus compañeros, el prestigioso ex magistrado Nilson Pinilla”.

El abogado litigante Víctor Pacheco, dice Villalba en su columna del día de hoy, “insistirá en que Pretelt le pidió plata, así no tenga prueba documental ni huellas digitales. Entre la palabra del uno del otro habrá de centrar la Comisión de Acusaciones la valoración de los hechos. Cualquiera que sea el resultado de sus pesquisas, la incómoda situación de la Corte da para calificarla como antes y después de Pretelt.

No existe hoy en día la más mínima duda sobre la imperiosa necesidad urgente de una profunda reforma a la justicia colombiana que conlleve acabar definitivamente con la impunidad de los jueces y magistrados que la deshonran. ¿Qué más estamos esperando?, ¿será posible que el Congreso, apéndice sobornado hoy por el gobierno nacional legisle sobre la materia?

El presupuesto que requiere hoy el país es que haya credibilidad en la justicia y en las instituciones. Se requiere de inmediato iniciar una lucha frontal contra la impunidad a todo nivel y contra la corrupción. ¿Tendrá voluntad política el actual gobierno para ello? Que lo demuestre. No más cuentos.

Mientras tanto, ¿seguirá el gobierno comprando conjueces a través de “asesorías” superiores a más de tres mil millones de pesos a solo uno de ellos?