La insensible directora del ICBF-Huila

Si nos acogemos al criterio de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Regional Huila, es imposible proteger a los menores pertenecientes a comunidades indígenas que son utilizados para la mendicidad en las calles del centro de Neiva y en las principales ciudades del país.

En diálogo telefónico con la abogada María Eugenia Alzate Jiménez, quien funge como Directora de la entidad en el Huila, en los seis años que lleva en el cargo solo ha sido posible brindar protección a un menor de éstos, por factores que a su juicio “se escapan de su competencia”.

Asegura en primer lugar, que el hecho de pertenecer a una comunidad indígena, que se rige por su propia cultura y leyes, es uno de los factores que le impide al ICBF actuar. Agrega que la ciudadanía (los transeúntes) normalmente se solidarizan con la mujer a la que se le pretende quitar el menor -lo que también se constituye en obstáculo para cumplir la ley- y por último responsabiliza a la Policía de Infancia y Adolescencia y a la Administración Municipal de no ayudar en este proceso.

Pareciera estar escuchando la célebre canción de Celia Cruz titulada “Burundanga”, donde “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, etc…”.

En resumidas cuentas en el Huila nadie responde por esos niños que todos los días vemos en las calles del centro de Neiva, tirados en el piso, en las peores condiciones, expuestos a la indiferencia de todos los que pasamos por su lado, incluido el ICBF, que en últimas, así la doctora Alzate lo niegue, es el responsable de que a estos menores se le estén vulnerando sus derechos.

Para contextualizar la información, nos dimos a la tarea de llamar a varias de las regionales del ICBF en el país, encontrando que, contrario a lo que dice la doctora Alzate (le gusta que le digan doctora), en esos departamentos sí es posible actuar y en sus estadísticas hay un considerable número de estos niños en hogares de paso y en proceso de ser entregados en adopción al comprobarse que eran utilizados para la mendicidad.

En la regional, Valle el director es Jhon Arley Murillo Benítez. Él, junto a su eficiente grupo de trabajo, ha logrado rescatar de las calles en solo un año a 12 menores (uno por mes), situación similar a la registrada en la regional de Antioquia donde en los últimos cuatro meses han sido salvados tres infantes.

Entonces aquí pueden estar pasando dos cosas: una, que la legislación de Huila en materia de protección de los derechos de los infantes sea diferente a la del resto del país, algo que la doctora Alzate, -como abogada con 20 años de experiencia- debe saber que no es posible; y la segunda, que estamos frente a una regional donde poco o nada importan los niños.

Entonces le recordamos a la doctora María Eugenia Alzate que existe la Ley de Infancia y Adolescencia y que nuestra Constitución Política (Artículo 44) establece claramente que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” y que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.

Triste que la respuesta de la doctora Alzate a las inquietudes de este columnista se reduzcan a decir: “Cuando vea un caso tómele foto y envíemela por whatsApp para ver qué podemos hacer”, es decir nada, lo mismo que ha hecho en los 2190 días (6 años) que lleva en el cargo, como cuota del senador Andrade.