La infraestructura escolar

Y continuando con el proyecto de Ley del cual se establecen los lineamientos de la jornada única para la educación básica primaria y secundaria en las instituciones educativas oficiales en el país, hoy analizaremos el tema de la infraestructura escolar en las instituciones. 

En la última década, Colombia ha hecho esfuerzos importantes en construcción y mejoramiento de infraestructura: entre el 2003 y el 2010 se hizo una inversión cercana a los 1,2 billones de pesos para la construcción de aulas en preescolar, básica y media, beneficiando alrededor de 524 mil estudiantes.

Estas inversiones se han hecho principalmente con recursos proveniente de la Ley 21 de 1982 y de recursos del Presupuesto General de la Nación. Adicionalmente, entre el 2011 y 2012 se invirtieron 170.000 millones para el mejoramiento de 1.329 sedes bajo el programa Todos a Aprender.

Sin embargo, de acuerdo con los estudios para propuestas de política pública sobre la materia, el país aún enfrenta tres retos importantes en este aspecto, por lo que se deberá:

1. Aumentar la disponibilidad de instituciones educativas en zonas donde el número de cupos actuales es inferior a la demanda esperada. Esto ocurre mayoritariamente en zonas rurales, en donde la fusión de sedes no ha permitido ofrecer cupos a distancias razonables para los estudiantes de básica y media

2. Lograr el mejoramiento de la oferta existente en términos de condiciones mínimas de calidad (baterías sanitarias, condiciones de techos y paredes, etc.).

3. Prever que para la ampliación de la jornada (de media a única de 8 horas), habrá un requerimiento importante en construcción de nuevos colegios. En la actualidad, una de las restricciones más grandes que enfrenta el país para la implementación de la jornada de 7 horas diarias es la infraestructura escolar.

La necesidad de recurrir a cifras externas responde a la imposibilidad de cuantificar el déficit actual en infraestructura, ya que es necesario cambiar el sistema de información y seguimiento, toda vez que en la actualidad el reporte a este sistema corresponde a las secretarías de educación las que, a su vez, son responsables de la ejecución de recursos. Esta doble condición genera que los entes territoriales no efectúen los reportes de manera adecuada en cuanto a necesidades, deficiencias presupuestales o necesidades de reasignación presupuestal.

Para garantizar el adecuado acceso a la infraestructura necesaria para brindar - no solo una educación de calidad sino garantizar la cobertura -, este Proyecto de Ley abre paso, también, a un esquema de concesión que buscaría que actores privados construyan los colegios y firmen contratos de arrendamiento en los que, además de proveer la construcción del colegio, se comprometan con su mantenimiento durante períodos definidos de tiempo. Para ello, se debe diseñar un esquema de concesiones que otorgue la administración y mantenimiento de la infraestructura al concesionario.

Esto resolvería el esquema de financiación al no tener el Estado que disponer del 100% de los recursos para la construcción de los colegios, minimizando así la necesidad de recurrir al uso de la deuda pública y/o al endeudamiento a corto plazo. En igual sentido la gestión, administración y el mantenimiento de los colegios, al ser responsabilidad de los privados, les traslada a estos el riesgo jurídico y les obliga a cumplir con los estándares contractuales y de calidad requeridos, buscando proteger su inversión por vía de la concesión.