La guerra jurídica contra el acuerdo de paz

El recién firmado Acuerdo de Paz con las Farc está en la mira de la oposición, que no va a escatimar esfuerzos para torpedear lo acordado en La Habana.

Después de la trampa confesada por el Gerente de la campaña del Centro Democrático y que definitivamente influyó en el resultado adverso del plebiscito, este partido político quedó solo en su lucha, ahora dirigida a atacar el Acuerdo ya firmado y a no dejarse ganar la partida del antiguo cuidador de los huevitos de Uribe.

En efecto, muchos sectores cristianos, de la Iglesia Católica y de partidos políticos de derecha, se han apartado del radicalismo propugnado por el grupúsculo uribista y se mostraron conformes con el nuevo Acuerdo de Paz. Incluso Human Right Watch, gran contradictor del primer acuerdo, está satisfecho con las modificaciones.

El Centro Democrático empezó a mostrar su artillería que va desde descabelladas propuestas jurídicas hasta la movilización ciudadana.

La primera crítica se basa en descalificar al Congreso de la República para refrendar el Acuerdo, pues afirman que debe realizarse otro costoso y desgastante plebiscito que puede costar otros 280 mil millones.

Si bien la Constitución no consagra explícitamente la función de ratificar o implementar acuerdos de paz, el Congreso está legitimado para hacerlo ya que representa a la Nación al haber sido elegido democráticamente y es por excelencia el foro de discusión de las distintas fuerzas políticas. La absurda propuesta de revocarlo solo porque no les gusta el Acuerdo demuestra el talante de sus promotores.

El otro misil lanzado fue convocar un referendo para defender los temas no incluidos en el nuevo texto. El Uribismo requerirá levantar la participación ciudadana de la cuarta parte del censo electoral, es decir casi 9 millones y la aprobación de 4 millones de votos, algo muy difícil pues además llega el año pre-electoral.

Queda el último cartucho: la tutela contra el Acuerdo –ya presentada por un concejal- la cual es a todas luces improcedente, pues prima el valor constitucional de la paz frente al supuesto derecho fundamental a la participación alegado por el quimérico concejal. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).