La Fiscalía y Corhuila

La Fiscalía dio un paso decisivo para establecer los responsables de la millonaria defraudación a la Corporación Universitaria, Corhuila, de donde se llevaron mediante hábiles maniobras más de ocho mil millones de pesos.

Sin precedentes,  se ordenó la reseña inicial al ex rector Virgilio Barrera Castro, al ex jefe de bienestar universitario Yenner Comas Comas y a la revisora Fiscal, Esperanza Ramos Botello, quien lleva diecisiete años en el cargo.

Es inminente que otros directivos y funcionarios de la universidad corran la misma suerte y sean cobijados con una medida similar en los próximos días.

Se estudia la razón por la que el Consejo Superior ni la Revisoría Fiscal no denunciaron a tiempo la defraudación, pese que tuvo lugar en manera continuada y ante la vista de todos los estamentos universitarios.

 La reseña es insoslayable para la completa individualización e identificación en la primera etapa de un proceso, luego de evaluarse su situación y eventual vínculo como responsables de los hechos, por acción o por omisión.

En artículo anterior, denuncié que en quince años no se convocaron Asambleas Generales en Corhuila, que se beneficiaban con obras y otras prebendas miembros del Consejo Superior, quienes a pesar de tener periodos fijos de dos a años parecían vitalicios, y que se notaba el desbarajuste administrativo, lo que disgustó al actual Presidente el ex gobernador Jaime Salazar Díaz, quien me trató  con términos inurbanos.

La defraudación a Corhuila crece y se hizo mediante el giro de unos 400 cheques que casi siempre cobraba una sola funcionaria por concepto de trabajos de mantenimiento y suministro, y nadie se daba cuenta.

Se investigan, algunas obras de ingeniería que no cumplían las condiciones pactadas, lo que habría sido el punto de una pequeña discordia que ahora por un manejo inadecuado interno es un escándalo proporciones mayores e inédito en el Huila y Colombia, que poco a poco los medios están multiplicando.

Al principio se quiso tapar con las dos manos y mantener bajo el más completo sigilo este antijurídico que enloda el buen nombre de esta noble institución educativa superior fundado por quijotes del trabajo social desinteresado, quienes, si pudieran estarían revolcándose en sus tumbas.

Pero esto es solo de uno de dos procesos, en otro se evalúan los informes de los investigadores expertos en ingeniería civil, para establecer si hubo anomalías  en la construcción y adecuación de dos edificios en la sede de la parte alta de la ciudad.

Inclusive, según nuestra fuente, también se valora la razón por la cual Roberto Villegas, quien como interventor se enfrentó e hizo reparos a las obras  de construcción del edificio de laboratorio adelantadas por el  presidente Salazar Díaz,  tenga ahora vinculada como funcionaria en el área de arquitectura a su esposa.

Igualmente, la Fiscalía estudia el papel de algunos profesores y funcionarios quienes fundaron algunas entidades que prestaban servicios y asesorías educativas y obtuvieron recursos de la Universidad, mediante prácticas que algunos entendidos calificaron como desleal.

Esta decisión de  la Fiscalía se da luego de mas un de año de la indagaciones, en donde cabe recordar que el mismo  ex gobernador Jaime Salazar, sindicó como directo responsable al ex rector  Virgilio Barrera, quien no ha dicho una sola palabra.