La falta de coordinación: un mal ambiental

En un artículo de prensa de circulación nacional titulado Petróleo, ambiente y desgobierno, Guillermo Perry, el connotado economista y ex ministro de Hacienda Pública afirma que la falta de coordinación institucional está acabando con la poca credibilidad institucional que le queda al Estado, decimos nosotros, con los denominados “procesos de paz”, dado que unas veces trata de delincuentes y narcotraficantes a bandas armadas y otras les permite todo y las trata como pares. Se refiere el doctor Perry a lo ocurrido con una licencia ambiental otorgada para exploración petrolera en La Macarena cuando hacen imponer un plan de manejo integrado de la Corporación de La Macarena, publicado el 13 de abril, sobre una licencia ambiental aprobada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales antes, el 18 de marzo.

Los ambientalistas teníamos la razón (ver columnas anteriores a esta) sobre que la exploración no solo no tenía sentido si luego se impediría la explotación o podía traer consigo riesgos a áreas ambientalmente importantes de conservar. Pero ¿cómo puede suceder que el Estado genere el dilema de incumplir normas ambientales o desestimular una actividad prioritaria para el progreso?, ¿cómo el Estado concede un título minero y luego niega su desarrollo con una licencia ambiental? o ¿cómo es posible que el Estado o un municipio no sepa dónde se puede o no desarrollar ambientalmente una obra o proyecto y aun así otorgue autorizaciones?

Este artículo (El Tiempo, Bogotá D.C., abril 24 de 2016 p. 7) deberían leerlo y reflexionarlo quienes en Neiva vienen lanzando diatribas por el reclamo justo de respeto por derechos de propiedad y seguridad jurídica para desarrollar proyectos urbanísticos por las constructoras.  Porque la incoherencia institucional además de hacerle un flaco favor a la protección ambiental deslegitima al poder, al Estado, a las autoridades. No sabemos los ciudadanos a quién creer y en qué confiar.

En materia de propiedad es muy fácil caer en la tentación de exigir afectaciones con la excusa de “una función social” o hacer “imperar el derecho de las mayorías sobre el de las minorías” cuando su patrimonio no es el afectado.

Se ha olvidado cuán grande la lección de Bolívar que ya liberadas estas tierras de España, adoptó un marco legal sobre la base de respetar los derecho adquiridos con arreglo a las leyes Ibéricas. Y cuánto olvidamos que esa misma Carta Política que concede derechos a granel trae la obligación pilar de respetar la propiedad.

Seguimos abogando porque dentro del Desarrollo Sostenible, racional, todos compensemos a quienes se perjudican por todos.