La deuda de la Fiscalía
Por Alfonso Vélez Jaramillo
La Fiscalía General de la Nación quedó en deuda con la sociedad huilense, porque pasó el año 2014, y aún no se pronuncia de fondo sobre el más grande robo cometido a una institución educativa en el Departamento del Huila, descubierto desde principios de 2013.
Mientras los presuntos autores se pavonean muy orondos por las calles de la Neiva como adalides de la verdad y la justicia social, como si lo que le robaron a la Corporación Universitaria, Corhuila, fuera una bicoca.
La defraudación a Corhuila asciende nada menos que a más de 8 mil millones de pesos, según el mismo rector Roque González Garzón, reconocido dirigente nacional de la educación superior, de quien se supo, contrató un grupo de abogados para que investigaran los hechos.
Roque no se atreve a señalar a nadie en particular, ni yo tampoco, pero es vox populi que entre los directivos hay gente honrada que tiene perturbada su imagen por los defraudadores de Corhuila, quienes aun no han sido acusados formalmente por la fiscalía, pese a llevar año y medio la investigación.
Este escándalo trato de mantenerse en el más completo silencio desde mediados del año 2013, pero solo a través de esta columna en diciembre del mismo año se alertó a la sociedad sobre la gravedad de los hechos que originaron la salida abrupta del rector Virgilio Barrera y varios de sus funcionarios.
Misterioso silencio alterado luego de que demandáramos claridad del ahora señalado “Robo a Corhuila”, debido a que la opinión pública señala en general a las personas que dirigieron la universidad durante más de quince años sin ningún escrúpulo, control, ni el acatamiento de la ley para este tipo de instituciones, pues allí hay gente honorable.
Y solo el ex gobernador Jaime Salazar, Presidente actual del Consejo Superior y miembro desde su fundación de la Corporación Corhuila, reaccionó de manera brusca, y hasta me trató de despistado y de lanzar pullas, debido a que como periodista estaba indagando sobre la multimillonaria depredación, un lamentable episodio que empaña la historia de la educación superior del Departamento.
Al interior de la Corhuila, se habla de acosos laborales, acusaciones de parte y parte, gastos sin soportes contables, empresas de fachada para evadir controles fiscales y administrativos con los recursos de la universidad, algunas que en menos de un año habían multiplicado de 200 mil a treinta millones su patrimonio.
Igualmente, el incumplimiento de contratos de construcción de obra y el hallazgo de unos 67 ítems sin cumplir del contrato de obra de la sede de Prado Alto, en donde inclusive se había contratado mesones en mármol para los laboratorios y solo colocaron mesas en draywol, se contrató una planta eléctrica nueva y colocaron una de segunda, razón por la que el mismo Consejo Superior negara en su momento el pago oportuno de unos saldos al constructor, curiosamente el mismo doctor Jaime Salazar, que tal esto.
Sin embargo a mediados de agosto la fiscalía ordenó la reseña, al rector Virgilio Barrera Castro, al exjefe de bienestar Yenner Comas y a la revisora fiscal Esperanza Ramos, quien lleva 17 años en el cargo y no se había dado cuenta de estos graves hechos.
