La descomposición de la sal: Corrupción en la Corte Constitucional

En los casi 24 años de existencia de la Constitución Política de 1991, hemos sido testigos de la mala imagen del Congreso de la República por casos de corrupción, clientelismo, politiquería, ineficiencia en la actividad legislativa, etc.

También se ha visto de manera reiterada los múltiples episodios de descomposición de la rama ejecutiva tanto en los entes centralizados como en los descentralizados. Casos de malversación de recursos, clientelismo, contratación irregular etc.

La única rama del poder público que era ajena a esa oleada de actuaciones indignas del servicio público era la judicial. Empero, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura fueron poco a poco entrando en ese lado oscuro habitado por el Congreso y el Ejecutivo, con actuaciones como las del carrusel de las pensiones, los viajes en cruceros, las componendas clientelistas, los abusos de autoridad, etc.

El único tribunal que hasta la fecha había sido ajeno a la descomposición de lo público era la Corte Constitucional. Sin embargo, esta semana vimos cómo el último bastión de la moralidad, del decoro hacia la cosa pública y de las actuaciones transparentes caía en ese turbio caudal en el cual se ahoga el Estado: la corrupción.

El magistrado Mauricio González denunció nada menos que al Presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, ante la Comisión de Acusaciones (juez natural de los altos dignatarios del Estado), por haber exigido 500 millones de pesos para intervenir en la resolución de un fallo de tutela. Algo nunca antes visto en la historia de las altas Cortes.

Atrás quedó la huella dejada por aquellos magistrados de la llamada Corte de Oro, conformada por Ciro Angarita, el maestro Carlos Gaviria Díaz, Vladimiro Naranjo, Alejandro Martínez Caballero, o Manuel José Cepeda. Magistrados que sentaron las bases del constitucionalismo colombiano actual y cuyas sentencias aún son referentes en la jurisprudencia nacional. Lo construido en años ha sido infectado por el virus que carcome al Estado.

Este nuevo panorama amerita un análisis sobre las calidades de quienes están accediendo a esta Corte así como del poco claro proceso de selección de las tutelas. (*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana)