La defensa judicial del Estado

Para nadie es un secreto que demandar al Estado siempre ha sido un gran negocio. Recientemente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica aportó datos que ya todos sabíamos: que existen carteles de abogados dedicados a demandar al Estado, que las oficinas de ingenieros contratistas tienen más abogados que ingenieros, que son billones de pesos los que están en juego por cuenta de demandas, etc.

La atención de estos procesos judiciales es llevada en muchas ocasiones por abogados externos vinculados por contrato de prestación de servicios. En el Huila y en todos sus municipios se observa que uno de los botines electorales más jugosos son los contratos de asesoría externa que representan gruesas sumas del presupuesto y que son otorgados a abogados, muchos de ellos no por sus calidades profesionales sino por el apoyo electoral otorgado al candidato ganador o simplemente por su amistad.

Luego de suscrito el contrato, el afortunado contratista poco se aparece por el municipio o entidad que lo contrató y en el mejor de los casos, las demandas que le son encomendadas mediante un poder para defender los intereses de la entidad, son revisadas y atendidas en los juzgados por sus dependientes que en no pocas ocasiones, son estudiantes de derecho o recién egresados que aún no cuentan con la experiencia suficiente.

Existen instituciones con verdaderas plantas paralelas de abogados externos “laborando” junto a las tradicionales oficinas jurídicas, atendiendo las “embarradas” cometidas por quienes dirigen el Estado y que se traducen en demandas de todo tipo. Estos contratistas no tienen una estrategia jurídica para defender la institución y esto se traduce en cuantiosas condenas.

La defensa judicial de los intereses de la Nación no se puede seguir asumiendo con la misma irresponsabilidad que se ha venido dando. Es un asunto en el que los órganos de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía deben tener mayor compromiso y el Consejo Superior de la Judicatura, responsable de disciplinar a los abogados, debiera tomar un papel más activo en esta cruzada nacional contra los carteles de abogados. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).