La cruzada de José Jaime Uscátegui
"La CIDH, en once años, no ha resuelto una petición del hijo del general Uscátegui, pero decidió, a las volandas y a favor, el caso de Petro"
El joven José Jaime Uscátegui Pastrana presentó, en el año 2003, un derecho de petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del cual solicita que el proceso penal que adelanta la justicia colombiana contra su padre, el general Jaime Humberto Uscátegui, sea revisado por ese órgano judicial de la OEA. No obstante estar en la obligación de dar respuesta a los derechos de petición de los ciudadanos pertenecientes a los Estados que hacen parte de la Organización, durante once años el silencio de los funcionarios de la CIDH ha sido total, insultante e imperdonable.
Esto motivó al joven Uscátegui a realizar una vigilia permanente y pacífica, primero, frente a la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República, de donde fue desalojado por la fuerza y, posteriormente, frente a la sede de la OEA en Bogotá. Tras el silencio injustificado de los funcionarios de la OEA, José Jaime radicó una nota de protesta ante el organismo e inició, encadenado, una huelga de hambre, la que lo llevó a ser internado en una clínica, tras 16 días de ayuno implacable que deterioró su salud. Interminable viacrucis.
Es desconcertante que mientras la CIDH resuelve el caso Petro en cosa de horas y a las volandas, por otra parte se niega sistemáticamente, durante más de una década, a escuchar al hijo del General. Más irritante todavía cuando el de Petro se refiere exclusivamente a temas políticos y burocráticos, en tanto que el del General está referido al sagrado derecho a la libertad, del que ha sido privado durante 15 largos años, con vulneración insoslayable y burda del debido proceso.
El desafuero contra el general Uscátegui es monumental. Así lo han sostenido, de manera unánime, personalidades con abismales diferencias ideológicas y políticas, como el general Harold Bedoya Pizaro, el procurador Alejandro Ordóñez, la periodista María Jimena Dussán, la columnista Salud Hernández-Mora, el general Álvaro Valencia Tovar, el exministro de Estado Fernando Londoño Hoyos, el exalcalde Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel, el último de los cuales calificó la insostenible condena al General como una chambonada jurídica.
No es para menos. Además de la adulteración de pruebas en su contra, el general Uscátegui, como comandante de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio, no tenía mando operacional sobre las tropas de la Brigada Móvil N° 2 y del Batallón Joaquín París, a cuyo cargo estaba la protección de Mapiripán en la época de la Masacre (julio de 1997), como lo certificó el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo para el Congreso de la República: “El mando operacional de la Brigada Móvil N° 2 sobre el batallón París se mantuvo hasta julio de 1997”.
Mientras el General y su familia sufren prolongada tortura, lo mismo que miles de policías y militares, los peores terroristas en la historia del país son tratados como príncipes en los mejores aposentos de La Habana. ¡Qué ironía!
