La Corte Constitucional nos aguó la fiesta

todos los autores de la nominación de Edgardo Maya como candidato de la Corte Constitucional a la terna de la que se elegirá nuevo contralor quedaron muy mal parados ante la opinión: los seis magistrados que votaron por él, el fiscal Montealegre que lo impulsó, el Gobierno y el Partido Liberal que hicieron campaña antes y la están haciendo ahora para asegurarle los votos del Congreso y, desde luego, el elegido. Pero la que sale más aporreada es la Corte, porque es la responsable suprema de la juridicidad y de la moral social.

Las triquiñuelas no le van a nadie, menos a ella, la madre de la práctica del derecho. Sin embargo, nos aguó la fiesta a quienes celebrábamos la derrota inicial, propinada por un grupo revitalizado de consejeros de Estado, del sistema de compadrazgos en los altos tribunales que fue llevado a su máxima expresión por los señores Ricaurte y Munar, entre otros ejemplares, en estos años de degradación. Sorprendentemente, la mayoría de la Corte prefirió el camino del clientelismo judicial y nos demostró que ese esquema está lejos de ser desalojado de los despachos en donde no deberían caber los juegos de la estrategia política de coyuntura, por loables propósitos que se argumenten a su favor.

¿Con cuál credibilidad leeremos, de ahora en adelante, las sentencias constitucionales que les exigen a las entidades públicas contar con métodos de selección transparentes para escoger, en los cargos oficiales, a quienes muestren las mejores calificaciones? ¿Con qué cara podrá la Corte regañar a los funcionarios que violenten la igualdad de derechos de los aspirantes, después de desechar una lista de 54 postulados para concursar por la Contraloría?

Los seis tribunos que votaron por el exprocurador, unos mejores que otros pero, ahí sí, igualados en la decisión de postularlo, no consideraron ni por un instante la candidatura, por ejemplo, de Armando Montenegro, uno de los inscritos en la lista ignorada. Él es doctor en economía de NYU (New York University) y fue director del Departamento de Planeación Nacional y de Anif y director alterno del Banco Mundial, entre otras pequeñas ventajas de especialización en el campo de la Contraloría. Con todo respeto por Edgardo Maya, Montenegro le lleva más de una cabeza en estas materias.

Por si fuera poco, el exprocurador tiene otros contratiempos evidentes: con su habitual largueza con sus amigos y familiares de sus amigos, la saliente contralora Sandra Morelli benefició a Maya con una asesoría anual de millonaria cuantía. No resulta sano para un desempeño independiente en tan alto cargo que el sucesor de la saliente funcionaria sea un agradecido contratista suyo. Todavía hay más peros: los votos a favor del exprocurador, ya señalados por el columnista Daniel Coronell, de dos magistrados (Gabriel Mendoza y el imponderable Rojas Ríos) que fueron sus subalternos en la Procuraduría, no tendrían impedimento legal alguno por cuanto el vínculo laboral se suspendió hace años, pero, por Dios, ¿cuándo los miembros de la Constitucional adoptaron el pragmatismo politiquero del Congreso, haciendo mutis por el foro con lo que evidentemente es impropio? Y ya que hablamos de este asunto, recuerdo que encontré en los papeles del proceso de la viuda tumbada versus Rojas Ríos, una carta que ella le envió al entonces procurador relatando las desgracias que le había provocado su funcionario, el procurador delegado Rojas. El doctor Maya, en su sabiduría, le reenvío la carta de queja... ¡al denunciado, para que este resolviera su asunto “personal”! Con razón Rojas votó por él. Con razón, también, su elección, en una decisión valiosa pero incompleta de una magistrada y dos conjueces del Consejo de Estado, fue anulada.

         Cecilia Orozco Tascón