La Corrupción en el Huila

La corrupción campea en casi todas las esferas del acontecer nacional. Es como el cáncer que ha hecho metástasis y ataca sin piedad los órganos y hasta la piel del paciente.

En Colombia la corrupción, tanto pública como privada, ha dejado de ser noticia, a menos que haya elementos morbosos que disparen un escándalo. Es como si fuera lo más natural del mundo. “Ya nadie se asombra de nada. Con el paso del tiempo nos volvimos permisivos y tolerantes. La podredumbre nos rodea por todas partes” dice Juan Gossain en una reciente crónica de El Tiempo.

Poco a poco han ido cediendo los cimientos morales de nuestra sociedad. Los ladrones de cuello blanco ostentan con toda frescura sus lujos mal adquiridos y se pavonean en los clubes sociales o en los restaurantes más costosos del país.

Pero aún quedan unos cuantos investigadores, periodistas y académicos decentes, que siguen luchando contra la vagamundería de la corrupción pública y privada para volver a tratar de construir una sociedad más honesta.

Cuando preguntamos a la gente cuál cree que sea la principal causa de la feroz hecatombe moral y económica del país, todo el mundo contesta: la impunidad.

La falta del castigo jurídico y social es el principal culpable. “De cada cuatro personas que son condenadas judicialmente por corrupción, solo una está pagando su delito en la cárcel. Las otras tres tienen libertad condicional o prisión domiciliaria. Mejor dicho: solo el 25 por ciento de los condenados se encuentra en una celda; los demás están en pabellones especiales o en su casa, y van a fútbol los domingos”. Sigue diciendo Juan Gossain en su crónica.

La conclusión es que las medidas más urgentes que se deben tomar, son la aplicación de una rigurosa justicia más una buena dosis mediática de escarnio social, con un seguimiento implacable para recuperar los dineros robados y hacer que las condenas se cumplan sin rebajas ni contemplaciones de ninguna naturaleza.

En los grandes escándalos nacionales, como el carrusel de la contratación de Bogotá o el de la alimentación para los estudiantes de La Guajira, hay una mezcla de actores públicos y de actores privados, cuyos asaltos arrojan unas cifras que causan rabia y estupor.

En alguna entrevista que le hicieron al entonces procurador Alejandro Ordóñez afirmó que en el año 2015 la corrupción de las entidades públicas le había costado al Estado colombiano la enorme cifra de veinte mil millones de pesos.

Algunos investigadores calculan que en el año 2016, esa cifra aumentó a 23 billones, lo que significa un feroz incremento del 15 por ciento en este solo año y además afirman que los índices de la corrupción en Colombia empezaron a dispararse, sin control de ninguna clase, desde el año de 1995 aproximadamente.

Sus cálculos arrojan que en el año 2005 la corrupción ya iba en 3,9 billones de pesos, y en casi dos años, en el año 2007, se había multiplicado por 1.5 veces y era de 6 billones de pesos. Cuatro años después, en el 2011, había subido a 10 billones de pesos. Es decir, que en los últimos once años el incremento de la corrupción ha sido del 600 por ciento. ¿Habrán contabilizado los chanchullos de Reficar y de la planta de Ethanol? ¡Qué barbaridad!

Pero “si por allá llueve, por aquí no escampa”. Un reciente informe de la Contraloría General de la República dice que las obras del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva son inservibles y peligrosas y que, “Las obras quedaron en condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural, que las hacen inservibles y potencialmente peligrosas para los usuarios ya que, sin haberse reforzado la edificación antigua, se ejecutaron y pagaron 23.527 millones en obras complementarias”.

La Contraloría asegura que los ítems de obra ejecutados carecen de funcionalidad, con lo que los recursos invertidos con cargo a este contrato “materializan un enorme daño al patrimonio público”. El informe de la Contraloría señala, además, que se ejecutaron demoliciones y excavaciones, cimentaciones en las áreas de camerinos y estructura para la ampliación de la tribuna occidental; construcción de la nueva cancha; estructura en concreto reforzado para la ampliación de la tribuna occidental; obras de mampostería; instalación de la estructura de la cubierta para la tribuna occidental y fundición de la gradería de los niveles 6 y 7 de la tribuna occidental.

Agrega que, “en cambio, no se ejecutó ninguna actividad de reforzamiento estructural en la misma tribuna, eje central del contrato”.

Se preguntarán los lectores si fue que hubo algún error por la prisa de contratar y mostrarle a la comunidad un estadio reparado o fue un acto de rampante corrupción.

Después de leer el informe de la Contraloría, si algún día entregan las obras del estadio, ¿usted iría a brincar en las tribunas para celebrar algún triunfo del Atlético Huila, nuestro equipo del alma?