La caravana de escoltas del ex-procurador

Esta semana surgió –nuevamente- la discusión acerca de los abusos que en muchas ocasiones se han cometido en la asignación de costosas escoltas a ex funcionarios que en algún momento tuvieron altos cargos del Estado.

En esta ocasión fue gracias a la denuncia de los medios de comunicación que advirtieron sobre una resolución expedida por el entonces Procurador Ordoñez Maldonado en el año 2013, en la cual se auto asigna una escolta por cuatro años más después de haber dejado la cabeza del Ministerio Público.

En efecto, se denunció que la escolta de Ordoñez comprendía 16 vehículos y 46 escoltas asignados para el ex funcionario, sus hijas y su esposa, así como militares del ejército que custodian su vivienda. Si bien este personaje puede llegar a tener algún nivel de riesgo, corresponde al Gobierno definirlo cuanto antes, con el fin de ajustar este despilfarro de recursos públicos, máxime cuando estamos en un tremendo descuadre presupuestal que nos tiene ad-portas de una nueva reforma tributaria. 

Este ejercicio abusivo del poder denota el afán de continuar usufructuando los beneficios que da el Estado, más allá de lo que resulte de los estudios de seguridad que el mismo Estado debe realizar.

Los exorbitantes costos ocasionados por los esquemas de protección para altos funcionarios, ex funcionarios, congresistas, diputados, concejales, dirigentes de todo tipo y parientes, asciende a cifras astronómicas que tienen como origen obviamente los menguados recursos presupuestales del Estado.

Muchas de estas escoltas no obedecen más que a un “statu quo” que algunos ex funcionarios no quieren perder, pues quieren sentirse importantes y contar con subalternos que les hagan los mandados de la casa, acompañen a sus familiares o tenerlos frente a sus casas aunque no los necesiten.

Urge racionalizar estos gastos y ajustarlos pero sin desproteger a ex servidores como Ordoñez que pueden tener algún nivel de riesgo, pero que en el actual momento vive Colombia –con una visible disminución de actos terroristas y secuestros- pueden ser desmedidos. (Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana).