La calentura en las cobijas

Ahora que se ha destapado este escándalo infame de tráfico de la justicia en el último bastión moral que creíamos nos quedaba en la Corte Constitucional, los enemigos del Estado social de derecho y de la misma Corte, como el exministro Fernando Londoño, han salido a buscar la calentura en las cobijas para achacar las causas de su podredumbre  a la creación del alto tribunal y a la tutela, que quisieran acabar nostálgicos del estado confesional como remedio para el mal, cuando su etiología  se encuentra en la profunda degradación moral de la condición humana, particularmente de las élites  que maldirigen este país, presas de la avaricia por el dinero y el poder,  y por supuesto, la impunidad que reina para los más altos funcionarios del Estado que literalmente, como ocurre con los magistrados de las altas cortes no tienen quien los juzgue cuando cometen  faltas graves como la del magistrado Pretelt, sindicado de traficar con la justicia al más puro estilo de la mafia.                                              

Porque eso es precisamente lo que se colige de la grabación de la infamia que contiene la conversación que el abogado Víctor Pacheco  sostuvo con el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, que no es más que la deshonra suma de la Justicia, producto de un proceso mafioso para traficar de manera despreciable con la función judicial que a decir verdad no es nueva en este país de traficantes, y que ahora se ha entronizado en el más alto tribunal  con consecuencias devastadoras para la sociedad, demostrativo de la magnitud del apuro moral que padecemos que demanda radicales correctivos  para tratar de superarlo  en la operación del derecho y la Justicia.

Cuando uno escucha la grabación no se puede sentir sino asco y repudio de saber que la administración de justicia está en manos de estos mafiosos que en forma miserable negocian las sentencias, notificándonos que hasta la justicia tiene precio en Colombia como consecuencia de ese abismo moral en que nos encontramos, especialmente de los llamados a ocupar las más altas dignidades del Estado que llegan a ellas para envilecerlas, postulados desde la misma entraña política que mete las manos en todo y todo lo pervierte trasladando sus mañas y fechorías en el campo de la justicia.

Por eso ahora estamos en el predicamento de cómo recuperar la confianza perdida, y todo apunta a la necesidad de tomar medidas radicales para una reforma profunda a la justicia, que solo se podrá hacer a través de una asamblea constitucional para quitarle toda influencia politiquera en la designación de los magistrados de las altas cortes, que deben ser los mejores seres humanos que entiendan que la práctica del derecho y la justicia no pueden estar alejadas de la moral y la ética, reiterando que la crisis es moral y no jurídica. Y  en la creación de un verdadero juez de jueces y aforados, a ver si podemos recomponer los pedazos que nos quedan de nuestra despedazada justicia regados por el desfiladero de la indignidad.