La batalla permanente contra la pobreza

El último informe de desarrollo humano del PNUD para América Latina y el Caribe que se está presentando en esta semana en una reunión del Parlamento de la región que se realiza en Panamá, llama la atención sobre el riesgo de que 30 millones de personas, de las 72 que desde 2003 lograron salir de la trampa de la pobreza, puedan volver a ella. Sin embargo, el riesgo mayor recae sobre 220 millones de latinoamericanos en condición de vulnerabilidad frente al flagelo de la pobreza. Es decir, 2 de cada 5 habitantes de Latinoamérica y el Caribe están en situación de algo riesgo 

Con base en los ingresos extraordinarios que por más de una década se recibieron por la bonanza de precios de las materias primas, la totalidad de países de la región lograron disminuir sus indicadores sociales negativos. Así, los avances en suministro de agua potable y saneamiento básico, construcción de vivienda, prestación de los servicios de salud, aumentos significativos en la cobertura en educación, etc., fueron posibles como producto de la aplicación de políticas públicas financiadas con esos recursos.

Pero desde la crisis económica mundial de finales del año 2008, el frenazo progresivo de las actividades económicas, con la ralentización del crecimiento, especialmente el de los países emergentes que soportaron por casi un lustro el desarrollo económico a nivel global, terminó afectando los precios de los productos básicos, especialmente petróleo y minero-energéticos, que desde finales de 2014 redujeron sustancialmente los ingresos de los países en desarrollo. Desde el año anterior el crecimiento de la totalidad de los países de la región o están decreciendo o su crecimiento es notoriamente precario. Sobre todo preocupa el nivel creciente del desempleo que está golpeando a mujeres, jóvenes, minorías sociales y sexuales, discapacitados, integrantes de grupos indígenas y afrodescendientes, sectores que están expuestos a la pérdida de garantías sociales y económicas de la bonanza de precios.

El estudio del PNUD, plantea la urgencia de construir políticas públicas que protejan los avances en protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros y calificación laboral. Políticas que pasan por la reducción de la carga impositiva, especialmente de impuestos indirectos tipo Iva, que pueden ser una carga insoportable para quienes no tienen empleos o trabajos formales, ni gozan de cobertura social en salud y educación, ni tienen la posibilidad de preservar sus pequeñas propiedades de vivienda o locomoción.

Aunque esta es una propuesta de políticas de choque, que permitiría mitigar el impacto de la crisis económica, los países de la región deben repensar sus modelos de desarrollo, que deben reorientarse a construir economías autónomas que preserven a sus nacionales los recursos y los empleos necesarios para un vida digna. Está abierta la discusión.