La ambigua transacción accionaria en el Infihuila

En esta esquina

Las últimas dos gerentes del Infihuila, Sandra Liliana Rojas Hernández y Ana María Rojas Vásquez, emprendieron una maratónica tarea para vender las acciones que la entidad poseía en el Banco Popular, en Terpel  S. A.  en Progasur y en Quinsa, pero en el afán y desespero por finiquitar la transacción, cometieron varios errores, que según algunos economistas y expertos que consulté, afectan a la institución.

Contrataron a la empresa bogotana G&H INVESTIMENTS   S. A. S. para que apoyara y acompañara el proceso de enajenación de las acciones, cuya propiedad ejerce el Infihuila en las empresas mencionadas, se emocionaron tanto que no tuvieron en cuenta  que el mercado bursátil maneja unas tazas de intermediación, máximo del 7 por ciento, de ahí para arriba ya se constituye un abuso, sin embargo, las gerentes emocionadas pagaron a la firma contratada con este fin, el 10,5 por ciento. Eso es un platal hablando en términos de enajenación de acciones.

En consecuencia, se le canceló a la empresa contratada en una primera etapa de venta de acciones más de 35 millones de pesos, y como no se alcanzaron a vender todas durante el plazo fijado, la gerente actual del Infihuila, Ana María Rojas Vásquez, autorizó un otro sí, al contrato a través del cual se le canceló a G&H INVESTIMENTS  S. A. S. otros  mil ciento noventa y dos millones de pesos y unas cuantas monedas de más ($1.192’831,367.00).

Pero lo grave no es solamente el afán de las gerentes del Infihuila para deshacerse de las acciones que la entidad tenía suscritas en estas empresas: no les importó de un lado el concepto emitido por el Comité de Enajenaciones, cuyos miembros advirtieron que no era procedente vender la participación accionaria que el Infihuila tenía en las organizaciones Quinsa y Progasur, por considerarlas estratégicas y sumamente rentables para la institución. Aunque hicieron una convocatoria pública para escoger a la empresa que hizo las operaciones financieras, no tuvieron en cuenta otras propuestas que llegaron, ni siquiera se estudiaron esas opciones. Es decir, se advirtió allí también el desespero por hacer el negocio con la firma bogotana.

El profesional encargado de la contratación hace muchos años en el Infihuila, Ramiro Rengifo,  se enteró de los millonarios contratos, y de todas las reglas del juego cuando ya se había pagado todo, incluido el otro sí. Le llevaron los contratos para que los avalara con su firma y procediera a archivarlos, cuando la venta ya estaba hecha, olvidando que por sus manos deben pasar hasta los más insignificantes contratos de la entidad, cosa que me parece muy rara y sumamente suspicaz. Suscribieron los millonarios contratos a espaldas de la oficina de contratación, ¿qué redundancia no?

El contratista favorecido cayó muy bien en la gerencia del Infihuila, porque hace apenas algunos días le asignaron otro contrato por 140 millones de pesos para hacer una reestructuración financiera en la entidad, y también ha resultado favorecido con otros contratos en entidades del resorte departamental. La empresa bogotana no es buena solamente para vender acciones, su perfil polifacético embrujó no solamente a las gerentes del Infihuila.