La “Fundamentalización” de derechos en Colombia

Muchos de ellos están consagrados en normas de nivel constitucional o legal pero son cumplidos de manera muy relativa. La Carta Política colombiana presenta un amplio listado de derechos fundamentales que obligan al Estado y a los particulares a respetarlos y defenderlos. Muchos de ellos no han sido reglamentados por el legislador, pero tienen el mismo grado de eficacia directa. Otro amplio grupo han sido creados por la Corte Constitucional en muchísimas sentencias judiciales desde el mismo año en que este tribunal inició su labor (1992). Como ejemplo se tiene el caso del derecho a la salud, que inicialmente no era considerado fundamental, pero se aplicó como tal por la Corte Constitucional mediante la figura de la conexidad con el derecho a la vida. Ya para el año 2007, la Corte lo empezó a tratar como derecho fundamental autónomo. A pesar de este reconocimiento, obsérvese la reiterada vulneración de este derecho en ciudades como Yopal o Santa Marta. Otro conocido caso ha sido el derecho al agua y a la alimentación, igualmente reconocidos como fundamentales por la Corte Constitucional. Recientemente el Congreso aprobó una ley estatutaria que reconoce como fundamental el derecho a la salud, la cual fue revisada por la Corte Constitucional. Está por verse si la nueva norma genera el cumplimiento del derecho por parte de los prestadores del servicio. La semana anterior se radicó un proyecto de acto legislativo que pretende volver fundamental el derecho de acceso a banda ancha en internet y fundar medios masivos de comunicación. Este interés en constitucionalizar el acceso a internet, implica esfuerzos significativos para el Estado colombiano en materia financiera y administrativa que, sin ser muy pesimistas, no podrá asegurar a todos los colombianos.La creación de nuevos derechos fundamentales podría llevar a nuestro sistema legal a una sobrecarga, lo cual puede generar que el Estado no los pueda cumplir y a una nueva decepción del ciudadano. Este “fetichismo” legal imperante quiere darle efectos mágicos al texto legal. Su simple consagración no genera la solución del problema que se pretende resolver. Para ello basta la simple voluntad estatal y el respeto ciudadano a la normatividad.

Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho

Universidad Surcolombiana