Justicia y políticos corruptos

En una reciente encuesta encomendada por El Tiempo y la W radio, sobre la causa principal de la corrupción en las entidades del Estado los encuestados mayoritariamente manifestaron que eran: la flexibilidad de las leyes para con la delincuencia de cuello blanco y la lenidad de la justicia con los políticos corruptos que son legión asaltando el presupuesto público sabedores de la impunidad para sus crímenes, y de contera por la nula posibilidad de que el Estado pueda recuperar lo que se roban por billones como en el caso del asalto a Bogotá por parte de los hermanos Moreno Rojas y los inefables primos Nule contratistas de asiento de los gobiernos por su calidad de consumados ladrones para el enriquecimiento torticero de políticos de todo pelaje.

Pues bien: No hay duda de que les asiste plena razón a los colombianos en que las principales causas de la corrupción que nos devora a dentelladas, son además de la vigencia de un sistema político electoral hecho a la medida de estas escorias de la política para el asalto permanente a los recursos públicos; la existencia de una legislación penal que prácticamente premia esta clase de crímenes con penas irrisorias y por supuesto una justicia blanda que de la mano de un sistema penal permisivo concede toda clase de gabelas y subrogados para quienes no debería existir ninguna concesión por el grave daño que causan a la sociedad con sus fechorías que son de lesa humanidad como que en otras latitudes son castigadas con la pena capital.

Por eso en medio de esa tolerancia de la ley y la justicia para con estos criminales, constituye un positivo mensaje para nuestra descreída y esquilmada sociedad, que el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del aquilatado e integérrimo magistrado huilense Alberto Poveda Perdomo, haya incrementado la pena al megaladrón ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas de 18 a 24 años de prisión, ordenando su traslado inmediato a la cárcel de La Picota donde debía estar desde hace mucho rato sin ninguna clase de privilegios como el más peligroso de los delincuentes, teniendo como atinado argumento que: “EL Alcalde Mayor de Bogotá, en una posición de privilegio, acordó con las principales fuerzas políticas de la sociedad una repartija de cargos, contratos e instrucciones que resultó ser punible, y así consiguió satisfacer la voracidad y los intereses particulares o individuales de estas colectividades”.

Y es que el magistrado Poveda no hace más que describir con acierto el inveterado procedimiento de estos filibusteros que hacen parte de estas empresas del crimen en que se han convertido los partidos y movimientos políticos para abroquelar su aleccionadora sentencia que enaltece a la justicia, comunicando que nuestros jueces deben actuar de esa manera para tratar de quebrarle el espinazo a la corrupción en la administración pública sin hacerle ninguna concesión a estos bandidos que utilizan sus cargos no para ponerlos al servicio del pueblo, sino para su propio enriquecimiento y el de políticos venales que deben estar en las mazmorras de por vida y no pervirtiendo el ejercicio de la política.