Justicia y paz

Según los derroteros políticos colombianos, muy pronto estaremos viviendo y gozando de las mieles de una sociedad en paz, sin conflictos sociales, pero no tendremos uno de los derechos que tanto anhelamos: justicia.

Se ha evidenciado que nuestro sistema judicial y los aparatos encargados de vigilarlo, controlarlo y dinamizarlo, no pueden reformarse por actos legislativos. Se hace necesario una constituyente, según se concluye de la lectura simple y a primera vista de las últimas decisiones que en torno a éste tema se han adoptado por la Corte Constitucional.

Esa Asamblea Constituyente debe tener solo ese fin. Reforma integral de la Administración de Justicia, de los entes de control y especialmente de la forma de acceder a cada órgano, como el poder que ha de tenerse en cada una de las Altas Cortes.

Tristemente tenemos que aceptar que nuestra Corte Constitucional, en la supremacía de toda opción de defensa de la Constitución y pasando por encima de ella misma, se niega a reconocer que nuestro sistema judicial, es un completo desastre, y se niega a proponer o establecer criterios y sistemas que hagan posible su reformar, o que nos lleven a controlar e impedir ese uso y abuso de la puerta giratoria, donde caben ellos, sus afines y por el contrario, ella misma se desmorona lentamente.

Nuestra justicia y las instituciones encargadas de velar por ella, sufren las consecuencias de ese flagelo que ha destrozado la médula misma del poder público en todas sus dimensiones: está viviendo el drama de todas las formas de corrupción, y no se otean mecanismos que nos permitan una salida digna, una refrendación que nos lleven a vivir y sentir aíres de cambio, aires de renovación o sueños de esperanzas por su transformación y su servicio en favor de las comunidades.

Escuchaba recientemente a uno de los altos dignatarios de la Corte Suprema de Justicia, sobre el índice de morosidad o lo que se tarda en resolver asuntos de Casación Laboral, y comprendí entonces, que al igual que sucede en los procesos Civiles, Penales, de Familia y Agrarios de esa Corte, y del orden Administrativo en el Consejo de Estado, el pueblo colombiano, no tiene opciones, ni la más mínima, de obtener una “pronta y oportuna” administración de justicia, una solución a sus conflictos y por consiguiente, que todo invita al ejercicio arbitrario de sus propias razones, a la justicia por propia mano y por qué no, a permitir el uso y el abuso del derecho en cabeza de los otros, en contra de nuestros propios intereses.

Entonces nos preguntamos: cómo hemos de sostener o hacer posible aquellos acuerdos de convivencia que han de ponerse al orden del día en la época del postconflicto?

Consideramos que no estamos preparados para dar una respuesta más allá, de considerar que las políticas públicas, traducidas en fenómenos de corrupción, en fenómenos de politiquería y en todo lo que tiene que ver con el uso y el abuso del derecho, se convierten en el pan nuestro de cada día, donde las instituciones perdieron la opción y la capacidad de luchar por el rescate de los principios y fundamentos filosóficos de la Carta Política.