Justicia transicional sin garantías

Trascendente decisión deberá adoptar el Congreso, es decir, las mayorías gobiernistas de la Unidad Nacional, al resolver las inquietudes formuladas por el Fiscal Martínez y el Procurador Carrillo, respectivamente; en relación con las modificaciones del Acto Legislativo que otorga las funciones y competencias asignadas al Tribunal que habrá de ejercer la Jurisdicción Especial de Paz pactada en el llamado Acuerdo Final.

Son de tal magnitud y alcance que se confunden con las garantías constitucionales del debido proceso señalado en el artículo 29, principio rector que garantiza investigación, medios probatorios y juzgamiento; todos ellos elementos esenciales garantizados para ejercer el derecho de contradicción y defensa dirigidos a hacer brillar la majestad de la justicia.

En relación con el Fiscal, ha advertido tanto al gobierno como al Congreso, sobre las infracciones penales cometidas por miembros de las Farc después de 1 de diciembre de 2016,  fecha a partir de la cual cobró vigencia jurídica el AF; así como por la retención indebida de los menores reclutadospor el evidente incumplimiento de las partes, Farc y Gobierno, sobre la fecha estipulada para su entrega y recepción; sin pasar por alto el espinoso tema del creciente auge de las áreas sembradas de coca desde la iniciación de los diálogos que ya llegan a las 200 mil hectáreas.

Por su parte, el Procurador Carrillo ha sido enfático y reiterativo en solicitar la inclusión del Ministerio Público que él representa como Supremo Director en los procesos se tal jurisdicción especial; dado que por expreso mandato constitucional previsto en el numeral 7 del artículo 277 de la Carta, el M.P. debe intervenir en todos los procesos judiciales y/o administrativos para garantizar a las partes el debido proceso; pero además, en el presente caso, para representar y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Por tal razón, en el caso particular del Procurador Carrillo quien además fuera elegido con el 90% de los votos de los actuales Senadores, quienes integran el principal órgano del Congreso que fuera habilitado por la Corte Constitucional en aquélla lamentable sentencia, no explicada por su Presidenta, para “ refrendar e implementar ” el A.F.; tiene, el Procurador, la legítima vocería institucional como representante de la sociedad y articulador de los tres poderes públicos del Estado de Derecho, para exigir la NO EXCLUSIÓN del Ministerio Público en los procesos de tal jurisdicción especial.

Resulta entonces aberrante por decir lo menos, la afirmación del Presidente Santos para rechazar tal solicitud del Procurador al señalar que “ la presencia de la Procuraduría no se pactó en los Acuerdos con las Farc “, explicación además de insólita, cínica, dado que con ello se demuestra de manera palmaria que las Farc impusieron las condiciones de los Acuerdos frente a la evidente debilidad del gobierno.

En tales condiciones es válido presumir que tal participación de la Procuraduría fue VETADA por las Farc por la simple razón de que quien ejercía su representación institucional era ALEJANDRO ORDÓÑEZ, quien se caracterizó por sus posturas críticas a lo que se estaba negociando en la Habana, pues para tales calendas, aún no lo habían expulsado de la entidad pese a las evidentes e intensas presiones de las Farc hacia el gobierno y de éste hacia el Consejo de Estado. Recordemos, a propósito la célebre frase de Ordóñez cuando se comunicó su separación del cargo “ Se ha cumplido el primer acuerdo de la Habana”.

Es lamentable para la democracia institucional de nuestro Estado Social de Derecho que con el noble propósito de un proceso de paz, se sacrifiquen en forma aberrante y grosera, garantías universales del DEBIDO PROCESO, colocando por encima de la Constitución oscuros intereses de impunidad para favorecer a una organización más narcotraficante que insurgente, afectando, de contera, principios constitucionales y valores democráticos de nuestra sociedad.