Justicia política para la transicional

Comienzo por disculparme ante ustedes amables lectores por insistir en comentar los temas y circunstancias relacionados con el Acuerdo de Paz, pero espero me comprendan dado que sin duda alguna éste cambiará para bien o para mal, la suerte futura de nuestra democracia y de la sociedad en general, pero además porque siguen ocurriendo hechos que marcan su impredecible destino final.

La sentencia de la Corte sobre la vía rápida y la refrendación conocida hace apenas 8 días; y ahora, el pasado lunes, el polémico Auto admisorio de la demanda de nulidad electoral sobre el triunfo del NO en el plebiscito, constituyen hechos judiciales trascendentes que explican el significado del título escogido.

No obstante que el asunto tiene un contenido eminentemente jurídico y por tanto requiere de cierto conocimiento del Derecho, siempre se ha dicho que el sentido común y la lógica del pensamiento, son elementos esenciales de esta ciencia que se ocupa de regular e interpretar los fenómenos sociales.

Ya es de aceptación general, incluso entre amigos del proceso de paz, que la sentencia explicada por la Presidenta Calle está plagada de ambigüedades, confusiones y flagrantes contradicciones; al punto que, en vez de contribuir a la legitimidad jurídica y política de los temas mencionados su consecuencia es la de generar aún más incertidumbre, polarización y desgaste institucional.

Por su parte, el Auto de la Consejera de Estado LUCY YANETH BERMUDEZ ha generado enorme polémica pues su contenido de 110 páginas, algo inusual en un ato admisorio; insinúa una decisión final que anularía el resultado del plebiscito y en consecuencia, éste perdería toda legitimidad jurídica y política, insinuación que se infiere de las medidas cautelares decretadas. Ante tal eventualidad es indiscutible que la polarización política, la incertidumbre y el desgaste institucional se verían acentuados, con consecuencias difíciles de prever dada la encarnizada lucha ideológica que estamos presenciando.

Para cualquier ciudadano que se preocupa por la suerte del país estos hechos no pueden pasar desapercibidos y para quienes practicamos el ejercicio profesional del Derecho es aún más inquietante lo que está sucediendo con tales decisiones judiciales. Procurando un examen riguroso pero sereno y objetivo, es evidente que por el hecho de que la PAZ sea un bien supremo, el alcanzarla sacrificando otro bien supremo como el de la JUSTICIA, nada bueno puede obtenerse para una sociedad que, con tan altos índices de impunidad pretenda construir una paz estable y duradera, violentando el sistema jurídico del Estado de Derecho e incrementando de contera tan altos índices de impunidad.

Desde hace varios años se viene observando la politización de la justicia; su alto y lamentable grado de corrupción especialmente en las altas cortes; la imposibilidad de reformarla como ya ha ocurrido en varias oportunidades; la pérdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial; en fin, se han reunido varios elementos y circunstancias que permiten presumir, con alto grado de validez, que con tan sistemático y creciente deterioro, estamos presenciando el paso de una justicia politizada que le abre el especio a una transicional, en la cual, quienes ganan son los delincuentes y quienes pierden son los ciudadanos de bien.