Justicia constitucional y gobierno de los jueces
Germán Alfonso López Daza
Derecho, Política y Sociedad
La Corte Constitucional tomó una importante pero controvertida decisión con la legalización del matrimonio entre parejas homosexuales, polémica surgida por la negativa de otorgarles el mismo trato que a las parejas heterosexuales. La Corte no aceptó la ponencia del magistrado Pretelt quien redactó ponencia negativa que fue rechazada por 6 magistrados (solo tres lo respaldaron).
Esta nueva decisión es la culminación de un largo y progresivo reconocimiento de los derechos de esta minoría de personas, que tradicionalmente han sido discriminadas por una sociedad conservadora y con fuerte influencia religiosa, que ven a los homosexuales como seres anormales o incluso enfermos.
El loable propósito de reconocer los derechos a esta población ha sido aceptado por amplios sectores. Sin embargo, la forma como se han dado tales conquistas es lo que deja caminos abiertos para la discusión sobre el papel de la democracia y específicamente del Congreso colombiano.
En la mayoría de Estados donde se han dado estos cambios para igualar el trato a las parejas homosexuales se ha hecho por la vía democrática. En Colombia, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales no se ha podido discutir en el Congreso colombiano, debido a la falta de voluntad política de nuestros Honorables representantes.
Ante estos vacíos normativos y la falta de protección de esta amplia minoría, el alto tribunal constitucional colombiano ha debido intervenir con el fin de aplicar el valor constitucional de la justicia y dar un trato igualitario a las parejas del mismo sexo en materia de matrimonio, seguridad social, adopción, etc.
Frente a este panorama se evidencia un verdadero “Gobierno de los Jueces”, término acuñado hace casi 100 años por el francés Edouard Lambert ante el activismo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En Colombia las más importantes decisiones sociales están siendo tomadas por la Corte Constitucional ante la incapacidad del Congreso de cumplir su función de vocero de los intereses del pueblo. Su protagonismo se da principalmente en escándalos como el que actualmente lo sacude del carro-caleta. (Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho –USCO).
