Justicia, GFidupetrol y atrocidad

Me temo que el prometido Tribunal y la posible participación de jueces extranjeros sean los mayores escollos de constitucionalidad que deba superar el Acuerdo de paz porque se llevan de frente dos principios cardinales de la civilización occidental: la prohibición del tribunal ex-post-facto y la exigencia del juez nacional.

La cuestión es de tal magnitud que la Corte Constitucional que debe revisar toda reforma podría decir que no se trata de una modificación sino de una sustitución de la Carta. Choca la creación de un Tribunal para juzgar hechos anteriores y peor que jueces extranjeros puedan investigar a colombianos.

Fidupetrol: Parece repetirse el episodio de un delito que provisionalmente tiene un sujeto responsable cuando se requieren dos partes: activa y pasiva (remember Yidis Medina). Directa o indirectamente se favorecen altos funcionarios públicos, para el caso el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Es una vergüenza de la justicia.

No se trata de que condenen a nadie pero no puede existir el doble tratamiento a los que intervienen en el mismo hecho delictivo. Al abogado Victor Pacheco se se agrega ahora, como inquilino de la Modelo, Hebert Otero, mayor accionista de Fidupetrol y autor intelectual de las maniobras para buscar el apoyo de magistrados de la Corte y así evitar que su empresa tuviera que pagar a la gobernación del Casanare 25.000 millones de pesos, según la Fiscalía.

Atrocidad: Incomprensible una reforma constitucional para que los autores de delitos de lesa humanidad no queden inhabilitados acargos de elección popular.