Jurisdicciòn especial para la paz

Una de los resultados que se desprenden de los puntos del acuerdo que está terminando de finiquitarse en la Habana Cuba entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente de las Farc, está la creación del Tribunal Especial para la Paz, que se ocupará de los delitos no amnistiables, ni indultables, como los de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento, entre otros. Esta decisión consensuada ha generado, una controversia entre la opinión pública nacional, especialmente por algunos sectores políticos como el Centro Democrático quienes plantean que es una forma de legalizar la impunidad.

Para la selección de los honorables magistrados que conformarán este Tribunal, el gobierno nacional ya determinó que deben ser los mismos requisitos exigidos para ser togado de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, salvo la nacionalidad colombiana que deben tener los aspirantes extranjeros para ocupar dichas magistraturas. Deberá tener formación académica con énfasis en conocimiento del Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos o Resolución de Conflictos. Además, no serán de carrera administrativa, lo cual permite que los integrantes se seleccionarán por mayoría de 4/5, a través de un sistema de votación que promueva el consenso, como lo expresan los voceros gubernamentales.

Por la importancia capital para la culminación de este proceso, se tiene previsto extender sendas invitaciones al Papa Francisco, Secretario General de la ONU, Ban Ki-Monn, Sala de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, delegación del Centro Internacional de Justicia Transicional con sede en Colombia, Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, entre otros. Este Alto Tribunal estará conformado por 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros, de los cuales se contarán 18 togados para las Salas de Justicia con nacionalidad colombiana y 6 de origen extranjero. Aunque es un costo bastante alto para el erario, el gobierno nacional deberá adicionar dos billones de pesos adicionales para el presupuesto nacional, que permita financiar todo este proceso judicial.

Se aspira que el mismo, no se vaya a convertir en un centro acumulativo de quejas contra los miembros de las Farc que resulten investigados, dado el alto volumen de procesos que recibirán de la rama judicial, que suman 32.433 expedientes en los que se están investigando 110.086 delitos criminales. Esta será una afrenta jurídica que tenemos que asumir todos los colombianos para poder culminar con éxito los Diálogos de Paz que van a completar cuatro años desde su inicio en la Isla de los Castro, para terminar este doloroso conflicto armado que hemos padecido los colombianos durante las últimas cinco décadas.