Irresponsables
El delito más común en los huilenses es la inasistencia alimentaria, esta conducta punible que es cometida en la mayoría de los casos por hombres, registró el año pasado 1804 casos que llevaron defensores públicos adscritos a la Defensoría del Pueblo.
Claro, es importante resaltar que la mayoría del registro de este tipo de delitos lo tiene la Fiscalía, quienes son los encargados de acusar a los victimarios que incumplen la obligación de alimentos a menores de edad.
Según el registro de la Defensoría en el año pasado se registraron 615 en Pitalito, 317 en Garzón, 58 en La Plata y 814 en Neiva. Por obvias razones la mayoría de estos delitos se cometen en la capital del departamento, pues es la ciudad de mayor población de la región.
Podríamos mencionar más cifras y decir que hay una crisis en el cumplimiento hacia los menores de edad. Lo cierto es que hay una verdadera crisis en la sociedad. No es de casos aislados de padres hacia sus hijos. No. Es de todos y cada uno de los actores en la sociedad, veamos.
Lo primero que hay que señalar es que en la Defensoría del Pueblo no se defiende a este tipo de víctimas sino a los victimarios. La participación del representante de víctimas en las audiencias es casi que nula, pues toda su participación se ve reflejada en el Incidente de Reparación Integral que es posterior a la ejecutoria de la sentencia. En otras palabras, ¿si un deudor no paga en la sentencia ordinaria será que lo hará a través del incidente?
Esto no es todo, en muchas audiencias es notable la ausencia del victimario, quien se da ‘el lujo’ en muchas oportunidades de burlarse de la víctima al estar seguro que la ley no es tan severa con sus conductas. Claro, todos los subrogados penales aplican para este tipo de deudores, es decir, libertad condicional o prisión domiciliaria. Entre tanto los menores son los que sufren.
Y así, pese a que este sea el delito más frecuente en los huilenses, se sigue cometiendo a diario. Lo complejo del asunto es que el proceso penal que se adelanta para ejecutar ala deudor, terminan siendo procesos largos que en muchas ocasiones hacen desistir a la víctima.
Ya es hora en que nuestros senadores y representantes tramiten un proyecto de ley para que modifiquen las sanciones penales contra los deudores de alimentos y se conviertan en medidas más severas que ataquen el problema de raíz. Eso ayudaría mucho a evitar que padres irresponsables cometan este tipo de delitos.
