Inversiones del contrato de paz

El proceso de paz que ha iniciado la fase de implementación y ejecución de todo lo acordado con el grupo insurgente de las Farc, requiere del esfuerzo gubernamental para desarrollar un plan de inversiones que necesariamente va a aumentar el gasto público. Por tal motivo, se ha diseñado un plan agresivo de inversiones en algunas zonas que han sido objeto del accionar belicista y sangriento de la guerrilla. Se requiere adecuar toda la infraestructura productiva, para atender los militantes de la misma, en los momentos de desmovilización e inserción a la civilidad colombiana. El Huila, ha sido beneficiado con este programa del gobierno nacional, donde las inversiones, que superan los $1,2 billones, se priorizarán en proyectos dirigidos a mejorar la productividad y la competitividad del sector agropecuario, lo mismo que la infraestructura vial rural, eléctrica y de gas.

Se destaca la estrategia esbozada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Gobernación del Huila, tendiente a la pacificación del país para convertirla en una realidad a través de la transformación económica y social. No debe existir la retórica oficial, que solo se plantea en los escenarios públicos y quedan cimentadas las desilusiones cuando se incumplen tales promesas. Si se llegasen a dar estas inversiones, se lograría con ello, la implementación de este instrumento, tendiente a reducir sustancialmente las brechas sociales y económicas en el departamento, especialmente en los municipios afectados en las últimas décadas por el conflicto armado. Es importante que este Contrato Plan para la Paz, contribuya a la articulación de esfuerzos y recursos de las instancias nacional, departamental y municipal para afianzar y aprovechar el potencial agropecuario, minero, pesquero y turístico de esta importante región del surcolombiano, que ha sido relegada a un segundo plano en otrora, de la distribución de las finanzas públicas del orden nacional. Tendrá una duración de cinco años y el 60% de los recursos serán aportados por la Nación y el resto, por los entes territoriales. Así se evitaría que los próximos gobernantes no puedan modificar las cláusulas del contrato, referentes a los compromisos adquiridos para llevar a feliz término, la culminación de las obras en comento.

Todos conocemos las preocupaciones del gobernador Carlos Julio González Villa y de los alcaldes huilenses, por la falta de recursos para financiar todas las competencias que el gobierno nacional ha venido trasladando a las regiones, sobre todo a nuestro departamento, el cual ha sido seriamente castigado por la reducción de las transferencias y las regalías del petróleo y que tienen en serios aprietos a los mismos, para atender las necesidades básicas insatisfechas. Aunque se tienen estructurado estrategias ante el gobierno nacional, éstas se vuelven insuficientes, para atender el accionar estatal en el proceso del posconflicto que se nos avecina. Debemos luchar para que exista un mejoramiento de la calidad de vida de los huilenses.