Instituciones o caos

A contrapelo de la tranquilidad institucional, tenemos un procurador rigorista y sectario y un alcalde de Bogotá al que no le importa violentar la ley con tal de imponer su punto de vista. Entre ambos nos han metido en una crisis institucional de proporciones. Las instituciones son más importantes que las personas y no conviene olvidar que la debilidad institucional es un caldo de cultivo para el populismo destructivo, tanto de “izquierda” como de derecha. Si hoy se permite el desbordamiento, ¿cómo detener el despelote de mañana?

Varios peligros acechan. De un lado, se promueve la idea de una Asamblea Constituyente sin considerar que ésta casi con seguridad redactaría un texto mucho peor y más deshilvanado que el actual. Ya se sabe que los países que cambian de Constitución como de camisa se desbaratan. Proponer un cambio de Constitución porque en esta no quepo yo, como hacen Uribe, las Farc y ahora Petro, es de un narcisismo aterrador. De otro lado, la capital del país está sumida en el desgobierno y sus necesidades no se solucionan ni se atienden. En tercer lugar, el alcalde insiste con vehemencia en que su problema lo tienen que solucionar unas medidas cautelares tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sé que me van a caer rayos y centellas, que me van a decir chavista y hasta fascista, pero no creo que la última palabra sobre la destitución de Petro la pueda tener la CIDH. Colombia no es todavía una república bananera y este organismo no puede desconocer el Artículo 277 de la Constitución nacional y el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), promulgado cuando Petro era representante a la Cámara, que lo regula. El procurador Ordóñez, llevando las cosas al extremo según su costumbre, actúa basado en ambos. ¿Los resultados de sus acciones no nos gustan? Reformemos la Constitución, la ley o ambas, pero no a partir de las decisiones de un organismo multilateral. Si la CIDH toma medidas cautelares que restituyan a Petro como alcalde y el Gobierno las acata, se establece un precedente jurídico y por el principio de igualdad centenares de procesos disciplinarios que han afectado a funcionarios de elección popular y en los que no hay una condena penal concomitante se caerían, con consecuencias políticas y económicas dramáticas. Por el camino del caos resultante podríamos destruir la Constitución de 1991, que es al parecer lo que quieren muchos. Dicen que es muy difícil que la CIDH dicte lo que Petro le pide bajo intensa e indebida presión, aunque casos se han visto.

No soy abogado, pero justamente uno de los peores perjuicios del affaire Petro es que nos metió a todos en un atolladero jurídico en el que no nos queda más remedio que hacer ese papel, entre otras cosas porque hay opiniones doctas de profesionales que dicen tanto A como lo contrario de A. Por si acaso, la CPI tampoco puede tener la última palabra sobre el proceso de paz.

Pobre Colombia: por cuenta de personajes megalómanos e irresponsables como Ordóñez y Petro, la polarización, tan destructiva desde hace años para el país, aumenta.