Inseguridad Jurídica

Cuando había anunciado que las acataría como correspondía respetuosos como debemos ser de los tratados internacionales sobre derechos humanos como que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y por ende de nuestro ordenamiento jurídico interno,  deja patente su secular indecisión y ambivalencia como gobernante, y lo que es más grave, ratifica la aberrante inseguridad jurídica que padecemos actuando al vaivén de las circunstancias cuando está en juego su reelección, haciendo trizas el Estado de derecho.

Está claro, y así tendrá que ratificarlo la Corte Constitucional, que las medidas cautelares emitidas por la CIDH tienen efecto vinculante sin que importe en absoluto la categoría de derechos fundamentales sobre los cuales recaigan, no siendo de recibo ninguno de los argumentos invocados por el presidente Santos para no acatarlas, independientemente de la conveniencia o no de hacerlo, pues de lo que se trataba simplemente era de la vigencia de nuestro Estado de derecho que fue desconocido atendiendo torvas interpretaciones de leguleyos que afirmaron que lo resuelto por la CIDH eran unas recomendaciones que podían acatarse o no, cuando se trataba de medidas de cautela para impedir la vulneración de derechos fundamentales y la consumación de un daño irreparable al accionante, elegido por el pueblo y destituido arbitrariamente por un funcionario fanático e ideologizado que no tiene legitimación democrática.

Y es que no se trataba de estar o no de acuerdo con la gestión del alcalde Petro, sino  de respetar nuestro Estado social y democrático de derecho sobre todo por el presidente, alzaprimando la voluntad popular que lo había elegido bien o mal para que gobernara a Bogotá por cuatro años conforme a su periodo constitucional. Con el dislate presidencial de no acatar las decisiones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos nos convierte en parias ante la comunidad orbital en un país donde muy poco se respetan, resultando una falacia lo afirmado a conveniencia por el inquisidor Ordóñez, de que fue un espaldarazo a la institucionalidad porque existen instrumentos jurídicos en el ordenamiento interno para que los colombianos podamos defender nuestros derechos, pues lo que se vulneró precisamente fue ese ordenamiento jurídico interno del cual hacían parte automáticamente en virtud de tratados internacionales, las medidas cautelares que el presidente Santos se pasó por la faja violando la misma Constitución.

El asunto no fue un triunfo de la institucionalidad como lo ha dicho Ordóñez, sino de la arbitrariedad que él representa y del establecimiento de derecha que tenemos para eliminar del gobierno a los contradictores políticos que pretenden gobernar en contravía de sus patrones políticos, pues a Petro se le decretó la muerte política  no por una falta disciplinaria, ni por actos de corrupción como a tantos otros, sino por tratar de imponer un modelo de gobierno diferente, por lo cual en ninguna democracia que se respete pueden matar políticamente a ningún gobernante.