Inseguridad flor de piel

No podemos seguir impávidos ante tan lamentables hechos de violencia e inseguridad que se registran en la ciudad y el departamento.  No es posible que 400 mil habitantes seamos menos capaces que 10 pandillas o bandas criminales acentuadas en nuestra comarca.  Me resisto a creer que no podamos implementar una estrategia de ayuda mutua que contrarreste esta problemática que está tomando cada vez dimensiones aterradoras. 

La semana pasada un señor fue golpeado y ultrajado antes de robarlo. Todos los días hay casos de señoras víctimas de robos, cosquilleo y otras patrañas de los delincuentes. . 

Al norte de la capital se ubica un asentamiento conocido como “Villa Ferry”, donde opera la ley del más fuerte, pues ni siquiera la policía ha podido evitar los continuos hechos delictivos que allí se suceden.  Allí el lema es “sálvese quien pueda”, pues sus habitantes repelen las incursiones de la fuerza pública con armas blancas y de fuego.  Parece que el resto de la ciudad se muestra insensible ante esta situación y la fuerza pública, impotente.  La fuerza pública de una ciudad no puede dejarse amilanar por unos pocos antisociales que amparados en la marginalidad y en la debilidad del Estado, siguen haciendo de las suyas sin ningún tipo de contemplaciones.  Hemos perdido la capacidad de asombro, eso está claro; pero lo que no podemos perder es la capacidad de actuar.

Es claro que esa política pública, en principio, debe responder a los problemas de violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo éstos como problemas públicos, los cuales, demandan una intervención desde el espacio público. También debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, debe dar a conocer el horizonte de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado, de los gobiernos de turno, de las organizaciones comunitarias, de los gremios y de los medios de comunicación. 

Es por eso que la política de seguridad ciudadana debe ser consustancial con las políticas de educación, salud, recreación, cultura, empleo y justicia.  De otro lado, reconocer que la seguridad ciudadana es un bien público, un derecho que genera deberes, y tener como punto de referencia los conceptos de desarrollo humano sostenible, permite inferir que la construcción de dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que, por el contrario, es también una tarea de diferentes instancias socializadoras.

Y es para no hablar de las otras seguridades a que nadie se refiere: Seguridad educativa, seguridad alimentaria, seguridad médica, seguridad económica, ambiental, jurídica, y hasta sanitaria.  De cuál seguridad, por ejemplo, hablaron los candidatos presidenciales en campaña? Sólo hicieron alusión a la paz que se está cocinando en La Habana. Pero aunque se firme esa paz, las otras inseguridades seguirán existiendo. Y aunque todos los gobiernos del país, han tenido como problema central la inseguridad, es evidente que ésta no ha contenido a las demás inseguridades tan necesarias para el equilibrio de una mejor sociedad.  

Es preciso, entonces, actuar unidos para abordar esta dramática situación social. No obstante, es evidente el poco empuje individual que direcciona la creación de una conciencia solidaria de proyección colectiva. Y por su puesto, que es apenas entendible, pues cuando a la población se le margina del desarrollo económico y social de su entorno, su accionar no puede avanzar en la misma vía de un Estado que le niega derechos pero que sí le exige deberes.