Infraestructura vial: Atrasos Vs Desafíos
Por Carlos Alberto Baena López
El país aún tiene grandes retos para superar el atraso en materia de infraestructura vial. De acuerdo con el índice de desempeño logístico, en el que el Banco Mundial evalúa entre otros aspectos, la eficiencia del transporte del comercio, Colombia tiene una calificación para el 2014 de 2,64; siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor. Este resultado lo ubica por debajo de países como Argelia, Ecuador, Venezuela y El Salvador.
Este atraso resulta preocupante, si se tiene en cuenta que la infraestructura vial es uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico de un país. No en vano, es uno de los criterios que se tienen en cuenta para determinar la competitividad de una región, pues la falta de vías de acceso, los largos trayectos o la existencia de carreteras en mal estado, implican mayores costos de producción y exportación y, en efecto, graves obstáculos para el crecimiento de un sector o de una actividad.
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional está haciendo importantes esfuerzos para planear la construcción de grandes vías y autopistas que conecten al país, no es menos verdadero que, además de garantizar la financiación, se deben crear los procedimientos adecuados para facilitar la inversión y asegurar la transparencia.
Aunque se ha expresado por parte de las autoridades que tienen destinados 50 billones de pesos para la construcción de las vías de la cuarta generación, vías 4G como también se les ha llamado, la ANIF ha sido enfática al afirmar que para ser competitivos en términos de productividad, Colombia debería invertir 187 billones en carreteras, casi 4 veces más de lo previsto. Este punto no debe ser omitido en el PND.
Otro desafío trascendental, y quizá el más importante, es la consolidación de un sistema expedito, pero jurídicamente blindado a la corrupción, que incentive la participación del sector privado, especialmente mediante las Alianzas Público Privadas, APP, y que garantice la publicidad y transparencia de los procesos licitatorios, para que las obras sean construidas en el tiempo previsto, por personal idóneo y dentro de los debidos estándares de calidad.
Es pues deber de los gobiernos nacional y locales, definir un plan de trabajo para la infraestructura vial, dentro del cual, la base de toda decisión, sea el respeto por los recursos públicos, y en general, por los colombianos, que merecemos un país mejor.
