Indignación Vs Acción

Esta semana se debatirá en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca acabar con la problemática de ataques con ácido en el país. Una oportunidad para que los representantes, elegidos por los colombianos, se unan a la voz de toda una nación que exige acabar con este flagelo que ha marcado con profundas heridas, tanto físicas como emocionales, a más de 930 colombianos y que día a día maximiza su daño, por causa de la impunidad.

Un informe entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal el año pasado, reporta que desde hace una década se han denunciado 565 ataques con ácido cometidos contra mujeres y 361, en contra de hombres. De acuerdo con esta fuente, 79 ataques fueron perpetrados por vecinos de las víctimas; 71, por esposos y exparejas; 23, por delincuencia común; 49, por compañeros de colegio y trabajo; 16, por arrendadores y clientes, 3 por empleados a jefes y 18, por supuestos amigos.

El país cuenta, actualmente, con la ley 1639 del 2013 que constituye un importante avance en la lucha contra este flagelo.  En materia penal, amplió las condenas a 20 años en contra de los agresores, y eliminó, entre otros beneficios, el de la casa por cárcel, pues antes tales actos sólo eran calificados como lesiones personales, los responsables pagaban máximo 7 años y tenían la posibilidad de cumplir su pena en sitios alternativos. En cuanto a mecanismos de rehabilitación, creó la ruta de atención integral que otorga asesoría jurídica, orientación psicológica y atención en salud gratuita.

Sin embargo, la realidad del país evidencia que aún se debe hacer más; pues la atención en salud que requieren las víctimas se obstaculiza por la crisis del sistema, y las penas siguen siendo insuficientes para la gravedad del daño que es cometido.

Por eso, el Movimiento Político MIRA, una vez más, solicitó, en el Proyecto de Ley 016/14, que este tipo de agresión sea tipificada como un delito autónomo y que los responsables paguen hasta 40 años de cárcel, pues el reproche y la respuesta por parte del Estado a este tipo de conductas, debe ser proporcional.

Esta semana estará en las manos de los Congresistas la posibilidad de dar un paso más para crear el marco jurídico que inhiba este tipo de agresiones, y garantice justicia a sus víctimas. Es el momento de pasar de la indignación a la acción.