Incertidumbre institucional
Los colombianos no tenemos en estos momentos una idea clara de la forma como han de resolverse los grandes enfrentamientos institucionales en los que se encuentran inmersos esas grandes instituciones como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación.
Estas instituciones, con sus principales dirigentes y exponentes andan como ruedas sueltas, sin control, sin respetar la Constitución y mucho menos la Ley. Todo por alcanzar un predominio de poder, por querer ser la última palabra y tener la potestad de decidir sobre lo bueno, lo malo o lo feo de éste país.
El caso del Alcalde Gustavo Petro, ha permitido, por ahora, que el país se diluya entre la legalidad, la improvisación y lo que es peor, la incertidumbre institucional, con una sombra de duda sobre la capacidad de sujeción a los tratados internacionales o incluso, como sucedió con el Fallo de la Haya en el caso de Nicaragua, o como ha de suceder con las sentencias que se profieran o las medidas que se adopten en la CIDH, hasta el punto de no saber si se aplican o no se aplican sus decisiones, según convenga o no, a unos pocos.
Mientras esto sucede, el señor Presidente Juan Manuel Santos, sigue convencido de que su reelección es el punto prioritario en su agenda de trabajo y no le da la mayor importancia, ni se mete a cuestionar dichos enfrentamientos y por el contrario actúa al garete como en un escenario teatral, donde los muñecos son manipulados por fuerzas extrañas y ríen y hacen reír, según tengan al frente un auditorio de niños, de adultos o de ancianos.
Recordamos la época reciente que se vivió en nuestra Colombia, cuando las Altas Cortes se enfrentaron entre sí, lo que permitió que la opinión pública denominará como “el choque de trenes”, y a decir verdad, que esta es la réplica de un país que se le salió de la manos a la Constitución Política de Colombia, y ha terminado por ser la Carta Magna, un esperpento que se aplica, se interpreta y se acomoda, según los intereses de cada uno de los directores de dichas entidades públicas.
Hemos perdido toda noción de respeto y de acatamiento a la ley, a la autoridad y sobre todo a la legalidad.
Hemos franqueado los linderos de la razón y la violencia social que se vive en todos los niveles dentro de la sociedad colombiana, son el fiel reflejo de lo que sucede desde el Congreso de la República, sus instituciones y cada uno de los espacios en los que las comunidades o los dirigentes políticos tienen asiento.
Qué suerte nos espera entonces para entender que las formas de democracia que tenemos no son más que elementos distractores de una realidad verdadera, en la cual, la discriminación es la gran panacea institucional, donde la justicia es para los de ruanas, y el poder es ejercido por los corruptos y por los mediocres, para servicio de unos pocos que nos tienen absortos en la incertidumbre de lo que ha se amanecer cada día, como si no viviéramos más que ese instante fugaz que se llama la improvisación y el amañamiento de la ley.