Incertidumbre de la paz

Conocida por los medios la decisión de la Corte Constitucional que avaló el llamado fast track o vía rápida, contenido en el Acto Legislativo 01 de 2016 que fue expedido por el Congreso para convocar el plebiscito que habría de refrendar el Acuerdo Final de Paz ; ha concluido el largo y discutido proceso de negociación política concertado entre el Presidente Santos y las Farc, decisión política y jurídica de la Corte que le abre la puerta al llamado compromiso de implementación del referido acuerdo final.

Del comunicado oficial leído por la Presidenta se observa que la decisión fue muy controvertida al interior de la alta corporación.  De los salvamentos y aclaraciones de voto se concluye que quedan más dudas que certezas acerca de la transparencia jurídica y política de tan trascendente decisión. En conclusión, más polarización, confusión y caos que solamente aprovecha a los oscuros intereses de las Far

A propósito, es preciso recordar que la implementación exige la expedición de Actos Legislativos que modifiquen la Constitución; de leyes que ingresarán al ordenamiento jurídico; y la expresa autorización del Congreso al Presidente para que profiera decretos con fuerza de ley o decretos-leyes. Lo más inquietante de tan inusual procedimiento es que el Congreso renuncia a su función natural deliberante y decisoria dado que los proyectos del gobierno serán aprobados SÍ o SÍ puesto que no podrán modificarlos en su contenido original, a riesgo de no cumplir con lo consignado en el Acuerdo.

Por otra parte, como bien se ha sabido, dentro del texto del Acuerdo del Colón; se mantiene casi incólume el tema del Tribunal de Justicia Transicional. Sin embargo, la conformación, funcionamiento y los aspectos procesales de tan inusual juzgamiento, serán objeto de reglamentación en ésta fase de implementación obviamente por la vía rápida de acto legislativo, hecho que a la larga, modificará durante 10 años el sistema judicial actualmente vigente.

Eso, en otras palabras, se llama soterrada y perversa sustitución de la Constitución en relación con uno de los valores más trascendentes y delicados en una sociedad, como sin duda lo es el de la justicia.

En éste particular y sensible tema ha consistido la mayor objeción al Acuerdo de Paz, pues para muchos, dentro de los que me cuento; el verdadero camino a la Paz es el de la Justicia; tal como lo expresara en su momento el venerado San Juan Pablo Segundo. El dilema de encontrar un adecuado equilibrio entre éstos dos supremos valores sociales fue manifiestamente manipulado por la astucia chantajista de las Farc; aprovechando la debilidad del Presidente y su ambición por obtener el premio Nobel;  pues condicionaron su entrega de las armas o lo que ingenuamente han llamado “ cambiar balas por votos”, dado que ello no es otra cosa que, o me aceptan tal condición o los sigo masacrando, secuestrando y extorsionando.

Lo anterior puede sonar duro o como han dicho los amigos incondicionales del Acuerdo, es una visión o posición guerrerista y por tanto enemiga de la paz. No obstante, es evidente que tal mecanismo de justicia permitirá, para hablar solamente del caso regional; que el señor alias “ el paisa”; confesará ante el dichoso Tribunal los horrendos crímenes  de lesa humanidad; tales como la masacre de los Concejales de Rivera- la de los niños de Algeciras- el secuestro de Miraflores- el asesinato de Alcaldes y del exgobernador Lozada Perdomo, etc; acciones sobre las cuales ya sabemos la verdad porque entre otras cosas, existen sentencias condenatorias al respecto que se han quedado en la impunidad; y de ésta manera obtendrá una sanción simbólica de entre 5 a 8 años y sin privación efectiva de la libertad, ratificándose la inconveniente  e inaceptable impunidad, evitando, además, las duras y ejemplarizantes sanciones de la Corte Penal Internacional al respecto.

El indiscutible NO de la voluntad popular que rechazara el primer Acuerdo fue burlado de manera inaceptable, a través de las manipulaciones de las Farc acolitadas por Santos y la desprestigiada clase política de la Unidad Nacional;  burla cohonestada ahora sin vergüenza alguna por los Magistrados de la Corte al validar una precisa condición de refrendación popular aceptada por ellos mismos al declarar la exequibilidad del Acto Legislativo que convocó tal plebiscito.

Es triste pero necesario reconocer que estamos en una aguda y peligrosa crisis institucional. En éstas circunstancias, la Paz así negociada, refrendada e implementada, solamente genera incertidumbre, desazón, más polarización política pero sobre todo el enorme riesgo de debilitar aún mas nuestra débil democracia y de hundirnos en peores escenarios de violencia y criminalidad.