Igualdad de derechos

Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) han expresado su inconformismo, porque algunos miembros del Ejército Nacional y de la Fuerza Pública, que están siendo sindicados de participar en supuestos delitos de Falsos Positivos, han solicitado la oportunidad de ingresar a la Justicia Especial para la Paz. Esta situación ha levantado una polvareda en el ambiente político del país, que se encuentra polarizado por el proceso de implementación que se está adelantando con el Acuerdo Renegociado de Paz, que se suscribió con la organización subversiva y narcoterrorista más antigua del continente americano. Todos los actores que participaron en este conflicto armado, tienen iguales derechos para someterse a esta justicia. Recordemos que debemos tragarnos todos los sapos más grandes, si queremos llegar a la consolidación final de la reconciliación nacional con los grupos armados, que mantuvieron azotados al país durante más de cinco décadas. Las Farc han entregado a la fecha, al gobierno una lista de 6.804 guerrilleros y un listado adicional de 1.541 milicianos, quienes son culpables de los delitos que transgreden el Código Penal, por haber cometido los más atroces crímenes y atentados terroristas que enlutaron a millares de familias y dejaron lesionados de por vida a miles de colombianos. Igualmente, los daños a la infraestructura productiva, generaron un atraso a la dinámica productiva del país. Igual sucede, con los servidores públicos que participaron en delitos similares. Todos tendrán los mismos derechos, para que este tribunal evalúe su situación judicial e imponga las sanciones penales y pecuniarias a que diere lugar. Vale la pena, superar los odios y las rencillas políticas por el interés supremo de la Nación de lograr la pacificación definitiva, para mejorar el bienestar de los colombianos con la llegada de la paz.

Entendemos la posición ideológica de algunos defensores de las Farc, quienes siempre van a estar en contravía de las decisiones y controversias que ha generado la línea dura de algunos sectores políticos afines a las directrices emanadas por el Senador Álvaro Uribe Vélez, presidente del movimiento Centro Democrático. Los hechos que han ocurrido recientemente, han demostrado que estas fuerzas son irreconciliables. Pero no es lo más recomendable que se presenten estas situaciones políticas, medio de los grandes escándalos de corrupción que permearon las pasadas campañas presidenciales de ambos bandos partidistas. Recuerden que existe una tendencia de rechazo y de repudio entre toda la opinión pública nacional, por las denuncias de soborno de la empresa multinacional de Odebrecht. Necesariamente, las recientes encuestas de opinión que se han difundido demuestran un rechazo total contra la clase política en general y no se pueden seguir generando mantos o cortinas de humo para encubrir la profunda crisis social, económica y política en que se encuentra sumida nuestra sociedad.