Hipocresía en participación en política

En épocas como estas en las que nos aprestamos a decidir sobre la suerte de cada Departamento y Municipio, eligiendo sus gobernantes y  a quienes desde las corporaciones  tendrán el deber de hacer el control político  para revalidar los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir  los deberes de quienes Gobiernan.  Me parece de gran importancia hablar de Participación en Política de los funcionarios públicos, prohibida y reglada en nuestro ordenamiento jurídico, pero irrespetada y mal interpretada por quienes ejercen funciones de dirección y manejo.

Me refiero concretamente a la actitud hipócrita, si, hipócrita con que se ha tratado la participación en política de los servidores públicos, la que quedó prácticamente proscrita en la carta política de 1991 y que hoy, con regulaciones como las normas anti corrupción adoptadas en el año 2011, no han generado sino malas experiencias.

Los países avanzados entienden que toda persona, por su propia condición de tal y voluntad auto reflexiva, tiene tendencias, preferencias e ideologías propias, de las cuales difícilmente se apartará porque estas condicionan  determinantemente sus actos, por lo que permiten incluso -como sucede en Estados Unidos- que los servidores públicos aporten a las campañas de los candidatos de sus partidos, incluso hemos visto como el propio Presidente de esa Nación  convoque a cócteles para recoger fondos para financiar los candidatos de su partido.

Creo que como se ha visto en el tema de la lucha antidrogas, la prohibición genera cada vez más atracción, y entre tanto sigamos viendo desfilar a funcionarios por los órganos de control respondiendo por apoyar o aportar a las campañas proselitistas, deberíamos ir reconociendo que tal y como lo señala el artículo 3 de la Carta Política, el poder reside en el pueblo, él lo otorga y por tanto, apoyar a quienes reciben el favor popular no debe ser motivo de infracción alguna.

Una de las bases fundamentales de todo proceso social es la confianza de sus partícipes y si para tratar el tema de la participación en política de las FARC vamos a acudir al sistema que tenemos, tal vez empecemos mal pues usaremos una regulación hasta ahora inane, que solo se aplica por la presunción de imparcialidad de seres humanos que jamás lo serán. Resulta urgente tramitar una verdadera regulación que ponga límites al manejo de los recursos públicos a favor de causas electorales, pero que al mismo tiempo establezca libertades de expresión y de defensa del derecho a pertenecer a un partido Político. De lo contrario seguiremos presenciando en nuestro actual sistema electoral la más sínica y ridícula hipocresía de aquellos que gobernando participan abiertamente en Política.