Hampones de cuello blanco

Así denominó sin ambages y con acierto el juez de la causa, a los forajidos  que cometieron el mayor robo de que se tenga memoria en este país de robos seculares al presupuesto público, integrantes del denominado carrusel de la contratación en Bogotá, incluido por supuesto su mandarín el exalcalde y principal hampón Samuel Moreno Rojas. No obstante, la condena  que puede llegar a 24 años, que sería la máxima de acuerdo a la lenidad de nuestra legislación penal, resulta necesario cuestionar que  es irrisoria para la magnitud de la felonía  de lesa sociedad, como que en otras latitudes son sancionadas con cadena perpetua y hasta con la pena de muerte, garantizando claro el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene todo criminal por despreciable que sea, como en el caso de Moreno Rojas y su banda.

Y es que resultaría pertinente revisar nuestro sistema penal para esta clase de crímenes, que so capa del derecho a la igualdad no pueden ser tratados en materia de penas con el mismo rasero de otra clase de criminalidad, porque ha sido en medio de la angustia de términos y la amenaza de la prescripción que se ha proferido la condena después de casi 5  años, producto de las marrullerías procesales toleradas por los jueces de parte del procesado y sus abogados para que con cualquier arsenal de dilaciones  no se pudiera impartir pronta y cumplida justicia en un asunto tan grave para la sociedad que exigía que se administrara con presteza, suponiendo que el código penal se ha hecho para defenderla de los ataques de los hampones, particularmente de los llamados de cuello blanco.

Para empezar, esta clase de crímenes, como otros atroces en los cuales somos avezados victimarios en este país asaz violento y corrupto, debería existir la imprescriptibilidad y la aplicación de hasta cadena perpetua, para que no se corriera el riesgo de que quedaran impunes cuando causan tanto daño a la sociedad, condicionando la reducción de la aplicación de la máxima pena  a obtener la total recuperación de lo que se roban estos viles maleantes en detrimento del pueblo, pues de lo contrario no vamos a poder librarnos de su ralea, si tienen la posibilidad de salir de su cómoda cárcel a disfrutar como viene ocurriendo y ocurrirá con los que asaltaron todos a una a Bogotá,  (alcalde, concejales, senadores, representantes, contralor, personero, contratistas y asesores), beneficiarios de toda clase de gabelas que no deberían tener por la magnitud de los crímenes cometidos contra nuestra sociedad.

El Estado debería en esta clase de procesos contar con términos improrrogables, y tener a su disposición los mejores penalistas para entrar a sustituir de manera inmediata a los taimados procesales que contratan estos bandidos para dilatarlos, buscando impunidad e impidiendo que se administre justicia a estos hampones que acceden a la administración pública no para gobernar en beneficio de la sociedad, sino para utilizar su preeminencia para robarla impunemente. Nuestra tragedia es que esa legislación no podrá salir del seno de la clase política que delinque.