Golpe a las finanzas territoriales

Desde que la Ley 488 de 1998, dispuso que las entidades territoriales recibieran en sus arcas recursos provenientes del gravamen al precio de venta de combustibles como la gasolina y el Acpm, empezaron a tener unos mayores ingresos para impulsar algunos proyectos de inversión relacionados con el mejoramiento de la infraestructura vial. El Concejo de Neiva aprobó en su momento, un Acuerdo por medio del cual se creó dicho tributo, el cual era utilizado en un principio para exclusividad del arreglo y mantenimiento de la infraestructura vial de la localidad. Por Sentencia del Consejo de Estado en 1995, las entidades territoriales fueron facultadas para que pudieran utilizar la sobretasa a la gasolina como un ingreso de libre destinación. Esa fue una decisión que a la larga terminó afectando el desarrollo vial de las ciudades colombianas, porque inmediatamente algunos alcaldes empezaron a utilizar esta importante renta, para financiar los gastos de funcionamiento, o acceder a todo tipo de empréstitos, teniendo como soporte ante las entidades bancarias, la renta de la sobretasa a la gasolina.

La Resolución 41279 que expidió el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía el pasado 30 de diciembre, golpea ostensiblemente los ingresos de la sobretasa a los combustibles que reciben los municipios y los departamentos. Se estima en un 25% el impacto negativo que recibirían por este concepto. A mala hora, toman esta decisión cuando los mandatarios han comprometido las vigencias futuras para adelantar proyectos de infraestructura vial de gran envergadura, y dejan en la cuerda floja sus finanzas. Esta medida inconsulta generaría una reducción de más de medio billón de pesos para la vigencia actual. En bloque han manifestado su inconformismo a las instancias nacionales, porque consideran un atentado grave a la descentralización. Particularmente, en el municipio de Neiva, la Zar de las finanzas municipales, Nayarín Saharay Rojas Téllez, ha expresado su preocupación, porque de acuerdo a lo presupuestado para el 2017, se esperan recaudar 12,5 mil millones de pesos por este concepto y con dicha medida gubernamental, dejaría de percibir aproximadamente 3,5 mil millones de pesos. Y la situación se complicaría aún más, por la deuda pública que es de 69 mil millones de pesos, en la cual se tiene pignorada esta renta hasta el 2019. Esto obligaría a la presente administración municipal y a las futuras, a replantear y fondear con otros ingresos los planes de inversión en materia de vías para la ciudad. Este es un exabrupto que comete el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, contra las regiones que están padeciendo todos los estragos de la irracional descentralización a que están siendo sometidas, por el incremento de responsabilidades sociales que les están trasladando y en contravía les están diezmando sus recursos, afectando negativamente la competitividad de las regiones y la calidad de vida de los colombianos.