Gestión territorial, convivencia y seguridad ciudadana

Pues no se puede concebir a sus miembros como individuos que ignoren propósitos tan nobles como salvaguardar la seguridad del país, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad desde la base de una vida sana, segura y en paz.  De ahí, que sus integrantes deban conocer los instrumentos legales y administrativos que proporcionen y garanticen la convivencia y la seguridad a toda la ciudadanía sin distingos de raza, credo religioso, o color político.  No debe haber preferencias de ninguna índole, en ningún espacio del territorio, ni en ningún momento de la vida de los colombianos.

Es preciso, entonces, que haya un conocimiento general sobre estas normas, sobre la importancia de aplicarlas y el bien que puede proporcionar, y sobre el impacto que a corto, mediano y largo plazo puede causar la aplicación o no de estas leyes y decretos.  Es por eso, que se destaca la razón esencial de que todas las personas conozcan sobre estos mecanismos, pero sobretodo, las personas que trabajan o dependen del estado, máxime si se trata los miembros de las fuerzas del orden de un país.

Es mejor un pan en armonía, que manjares en medio de la riña, señala la Biblia al referirse a la importancia de vivir en concordia, en paz, en convivencia.

A través de la historia, se observa que toda comunidad siempre ha requerido tener disposiciones que regulen su convivencia, la manera de comunicarse, relacionarse y actuar. Es así como existen tratados, convenios y convenciones que regulan la convivencia de la comunidad de manera general y particular.

Para los primeros casos, se crearon las normas internacionales (tratados, acuerdos, alianzas, convenciones, declaraciones, convenios, protocolos, y estatutos) como por ejemplo, los siguientes: la Convención de Ginebra, la Declaración de San Petesburgo, la Declaración de La Haya, el Protocolo de Ginebra, Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros, que buscan, en términos generales, garantizar la armonía y convivencia entre los pueblos y países del mundo entero como mecanismo de protección y preservación del Derecho Internacional Humanitario.

Para los segundos casos, es decir, para las normas que buscan regular la convivencia interna de un país, se crearon y se aplican unas normas base que constituyen el conjunto de directrices que se deben seguir de manera regular y en todas nuestras actuaciones cotidianas. Es decir, son las leyes nacionales que norman la vida de la República; leyes regionales y ordenanzas que disponen la forma de cohabitar en los diferentes lugares de la comarca nacional.

Del mismo modo, la comunidad que integran ciudadanos y ciudadanas que habitan en cierta comunidad, necesitan normar su convivencia, y la de los vecinos entre sí, para mejorar la calidad de vida, evitar problemas o propiciar diversas alternativas de solución de los mismos.

En relación con las actividades de desminado humanitario por organizaciones civiles, con el propósito de garantizar el goce de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia armada en Colombia, el gobierno nacional adoptó, a través del Ministerio de Defensa Nacional,  medidas necesarias sobre la base de estándares internacionales y los principios humanitarios para reglamentar las actividades de desminado humanitario para que pueda ser realizado por organizaciones civiles.  La Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, dentro de la naturaleza específica de su actividad, determinó avalar las organizaciones civiles que sean certificadas para realizar actividades de desminado humanitario en todo el territorio nacional.  ¿Es este un panorama de guerra o de paz?