Genocidio indígena

Son muchos los muertos que han puesto en el conflicto.

Al menos así quedó claro en la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien entregó un informe de 30 páginas en la que asegura que entre 2010 y 2012 hubo 186 indígenas asesinados y entre 2010 y 2013 hubo 75 casos de desplazamiento forzado contra estas comunidades.

Esta preocupante cifra hace parte de un informe presentado por la CCJ ante la relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Vicky Lucía Tauli-Corpuz.

Pero, como la gran mayoría de denuncias en Colombia pasará a un segundo plano, como ha ocurrido con otros casos de maltratos a aborígenes.

Este no es el primer caso de configuración del genocidio en nuestro país. Hay pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, pronunciamientos que son acordes a lo expresamente señalado por el Código Penal Colombiano, donde afirma (Art. 101): “el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros…”.

Claro que este grupo aborigen ha sido agredido parcialmente, y por su puesto que estas agresiones atentan contra su supervivencia y contra costumbres heredadas a través de los años.

Otra denuncia que vale la pena resaltar de la CCJ es que la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior no ha incorporado estrategias colectivas de protección con enfoque étnico.

Lo anterior sí vale la pena resaltarlo, pues hay zonas en que verdaderamente la presencia del Estado ha sido nula. Por otro lado, hay áreas rurales donde hay seguridad militar pero no protección social, es decir, hay desarraigo y falta de oportunidades laborales, lo que hace  que se presenten más conductas punibles contra comunidades étnicas pacíficas.

De esta manera, este informe es oportuno para recordar las obligaciones de toda la sociedad civil y militar para proteger a las comunidades indígenas, quienes nuestra Constitución las protegen y les concede una jurisdicción especial.