Falsos positivos
Otra ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’ ocurrido en el Huila nos lleva a pensar en este tipo de conductas que han afectado al departamento de una manera violenta, dejando no solamente muerte sino tristeza.
La última sentencia ejecutoriada que se profirió por un caso similar obedece a una conducta punible acaecida en el sitio conocido como La Bodega, en el municipio de Gigante. En este lugar un grupo de militares, tras interceptar a un campesino, lo asesinaron y le cambiaron sus prendas por las de camuflado y le pusieron un fusil y una granada. Eran soldados de una escuadra al mando del cabo tercero Wilson Muñoz Pérez.
El caso pasó a la justicia penal militar que al considerar que no eran hechos de servicio ordenó que fuera estudiado por la jurisdicción ordinaria. En fallo de primera instancia el juez primero penal del circuito de Garzón (Huila) lo absolvió por violación al debido proceso. Sin embargo, al resolver la apelación el Tribunal Superior lo sentenció y ordenó su captura.
De esta manera, quién cometió el crimen fue condenado a 30 años de prisión, luego de advertirse falencias de la lógica y adecuada fundamentación en la postulación del recurso de casación.
Esta decisión del Consejo de Estado ha recordado nuevamente estos crímenes en el Huila. En la primera década de este siglo 319 de las cuales pertenecen a hechos que ocurrieron en el Huila, entre las que se encuentran 200 casos investigados por la Fiscalía.
“El 2007 fue el año pico de ejecuciones en Huila, con 97 víctimas. Sesenta y nueve de esos hechos fueron atribuidos a los Batallones Pigoanza y Magdalena. En 2008, los Estados Unidos finalmente suspendieron su asistencia a los batallones Magdalena y Pigoanza. Treinta tres homicidios fueron atribuidos a las dos unidades en ese año, que bajó a cero en 20091”, afirmó en su portal el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Las organizaciones defensoras de derechos Humanos cuentan aproximadamente 4000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional, ocurridas en su mayoría durante los años 2001 – 2010.
De modo que esta realidad que hoy nos sorprende con condenas al Estado, hacen parte de nuestro pasado de sangre que se sigue registrando en el presente en menor cantidad.
Ojalá todos estos hechos lamentables, se extinguieran para siempre sobre la jurisdicción nacional. Que ni una sola persona más muriera a manos de agentes del Estado. Eso contribuiría enormemente al proceso de paz.
