domingo, 12 de julio de 2026
Opinión/ Creado el: 2016-05-27 10:09

Fallo trascendental

Recientemente la Corte Constitucional determinó suspender las facultades que tenía el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para otorgar los permisos que se desarrollen proyectos los proyectos de explotación minera, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades que viven en el área de influencia donde se pretende desarrollar tal tarea.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | mayo 27 de 2016

Esta situación ha venido creando un inconformismo popular generalizado en todos estos territorios que han sido sometidos a la arbitrariedad de estas organizaciones empresariales que solo les interesa el lucro económico. Para ello, desconocen por completo las realidades sociales, ambientales y culturales de nuestro hábitat, generando contaminación y privatización de nuestros sistemas hídricos y bienes comunes, sin tener en cuenta el daño ambiental irreversible que crea para la calidad de vida de la población. Lo que más duele de esta actitud irracional, es que se desarrollan con la anuencia estatal, sin interesarles el bienestar general de la sociedad.

Ya era hora que la justicia abordara esta problemática, que tenía en ascuas a las comunidades que veían con tristeza como se iban a afectar sus recursos naturales preciados indispensables para la supervivencia humana, sin que se vislumbrara en el horizonte una respuesta del gobierno nacional para fueran protegidos sus derechos fundamentales. Ejemplo de esta situación, fue la vivida por los huilenses, a raíz de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Quimbo por la empresa multinacional Emgesa, que no ha cumplido a la fecha con todas las compensaciones ambientales, sin que exista un pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre dicha problemática. Afortunadamente la Gobernación del Huila, empezó a liderar con Asoquimbo, que a partir de la fecha no se permitirían la construcción de más represas en este territorio, manifestando claramente a las instancias nacionales, el clamor de una población que está cansada de los abusos que han propiciado en detrimento de nuestra población. Por tal motivo, la decisión de la Corte Constitucional, atiende el clamor generalizado de los colombianos que se encuentra hastiados de estos abusos de la administración pública.

Paralelo a esta decisión judicial, vale la pena destacar la iniciativa que han tenido algunas organizaciones ambientalistas, quienes organizaron el día anterior el Foro “Agua y Territorio: Lineamientos para un Ordenamiento Ambiental Territorial” donde se abordaron temáticas relacionadas con el principal reto que tiene las autoridades territoriales y la sociedad civil, para avanzar en procesos de ordenamiento territorial, para que se comprenda de manera integral la importancia de lo ambiental en la planeación, teniendo siempre en cuenta la participación ciudadana, como eje fundamental en el reconocimiento de los derechos del agua junto con las interacciones de los ecosistemas y sus comunidades, postulados que se contextualizan en los lineamientos dictaminados en dicha sentencia.