Fallo del desconcierto

Cuando el gobierno nacional se preocupa en sacar adelante el plebiscito, contrariando los derroteros del precario fallo constitucional que le dio vía libre al mismo, se conoce el resultado de un proceso administrativo que, como cosa curiosa, fue lento y se prestó a toda clase de maromas y artimañas jurídicas, declarando la nulidad de la elección del Procurador General de la Nación, supuestamente según se dice, por haber operado el lema: “Yo te elijo, tú me eliges”.

Con este fallo, que es muy alentador en ese sentido de gestar procesos que acaben con el carrusel electoral, es desconcertante en la medida en la que guarda silencio sobre el trasfondo de lo que se gestó en el interior de la Corte Suprema de Justicia, e incluso en el Congreso mismo, cuando se postuló por funcionarios que habían recibido beneficio de parte del nominado y a su vez, por congresistas que tenían deudas de participación burocrática con aquel, para terminar eligiéndolo.

Además, no se censura para nada el manido tema de la forma como las corporaciones tanto judiciales como electorales, pasan por alto los impedimentos, y estos se convierten en un simple saludo a la bandera, para que por parte de dichos procedimientos, se laven las manos los corruptos y se patrocine la ilegalidad y las formas de corrupción en el manejo de los puestos públicos en general.

Consideramos que se suma a todo lo anterior, el hecho inequívoco de que nuestras corporaciones judiciales han puesto el dedo en la llaga, pero han pecado a la vez, al no denunciar y poner contra la picota pública como se debe, a quienes dieron lugar o generaron esta clase de abuso del poder público, lo cual termina siendo negativo para nuestra institución judicial, que refrenda un hecho que muchas veces hemos querido negar, como lo es, la forma en la que la corrupción invadió todas las esferas del poder público en Colombia.

Todo lo anterior, en suma, es corolario de un desgaste interno que se vive hace mucho tiempo, con el que hemos convivido y que finalmente está llamado a no encontrar un camino, una solución y lo que es peor, unas políticas coherentes en la caracterización de lo que es la lucha por la transparencia, la lucha por la legalidad y por el reconocimiento de los derechos de los otros, en la postulación y elección de cargos tanto de elección popular o de “supuesta” democracia representativa en las entidades públicas del país.

Desafortunadamente, la pasividad de los colombianos hace coro con ese sainete de la indiferencia conocido en nuestro mundo como fruto de la convivencia con la ilegalidad, con la trampa y con el fraude. Fuentes supremas de impunidad, del delito y del crimen de cuello blanco, al abusar del poder y de todas las formas gestantes para mantener a nuestros dirigentes y dignatarios en cargos que no se merecen y donde no representan realmente el espíritu de la Constitución y la Ley, como era de esperarse.

El fallo esperado y conocido, que tarda en proferirse por mora en la administración de justicia, es un desafortunado precedente de la forma como entre las mismas corporaciones se arropa con visos de legalidad la ilegalidad, y se silencian en forma velada, los actos de control contra los generadores de dicha situación que merecieran el reproche disciplinario, penal y público con sus actos. Crece el descontento y el malestar por nuestras instituciones judiciales. ¿Qué paz podemos esperar, cuando esto sucede en lo más sagrado de nuestras instituciones representativas de un Estado Social de Derecho?